Con la idea de buscar "recomponer" la pérdida del poder adquisitivo ante "el creciente aumento de precios y ajuste jubilatorio", la senadora nacional Cristina Fernández presentó ayer un proyecto de ley mediante el cual apunta a que el gobierno nacional entregue entre los meses de abril y mayo próximo, un bono compensatorio destinado a los jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, AUH por embarazo, ex combatientes de Malvinas, madres de siete hijos y beneficiarios de la pensión de adulto mayor que cobren hasta 10 mil pesos.

La iniciativa de la ex presidenta aspira a que durante esos dos meses los afectados por el ajuste de diciembre reciban una compensación del 8,8% del total de su ingreso.

A diferencia del bono que el presidente Mauricio Macri autorizó en diciembre pasado el que solo abarcaba al mes de marzo, el proyecto de Cristina pretende que la compensación se haga extensiva a los meses de abril y mayo. Además, suma a la iniciativa a los excombatientes de Malvinas y a las pensiones para madres de siete hijos que no fueron incluidas en el decreto del Ejecutivo, quienes deberían percibir el beneficio retroactivo al mes de marzo.

El proyecto busca beneficiar a casi 11 millones de ciudadanos y tiene como objetivo "mejorar la capacidad adquisitiva de un amplio sector de la población".

Entre los fundamentos del proyecto, la ex jefa de Estado sostiene que "desde diciembre de 2015 se ha evidenciado un notable retroceso en las condiciones de vida de la población" producto entre otras cosas "de la caída de la actividad económica, el aumento del desempleo y el descenso salarial".

Señala además que en particular esa "situación de deterioro de los ingresos" afectó "al grupo de población más desfavorecida: los jubilados, pensionados, beneficiarios de las asignaciones familiares no contributivas y perceptores de la Asignación Universal por Hijo", totalizando los 16 millones de personas que perciben estos ingresos.

En otro tramo, advierte sobre lo crítico de la situación "debido a que en diciembre de 2017 se aprobó la Ley Nº 27,426, que estipula un cambio en la fórmula de movilidad" cuyo resultado "es el congelamiento en términos reales del poder adquisitivo de las jubilaciones, de las asignaciones familiares" y "pensiones no contributivas", entre otras, por lo que "si el PBI y/o los salarios crecen más que la inflación, los jubilados no se benefician de este crecimiento, como sucedía con aquella que estuvo vigente hasta diciembre".

El proyecto que propone "compensar esa estafa", destaca que lejos "de ser una política compensatoria en el plano social, dinamizaría el consumo interno y, por lo tanto, a la demanda agregada, lo que generaría un efecto virtuoso en el marco de una economía estancada".

Pero además, destaca que "el costo fiscal" de la iniciativa sería de "aproximadamente" 10 mil millones de pesos, un importe "muy menor comparado con las erogaciones que implican numerosas políticas llevadas adelante por el poder ejecutivo, como el pago de intereses de las LEBAC" que ascendió a los 304 mil millones de pesos en 2017, considerando colocaciones primarias y secundarias.