La estadística oficial revela un dato económico y laboral contundente: la proporción de cuentapropistas y trabajadores informales triplica a la de los trabajadores formales en mensura respecto a valores que demarcan el segmento de pobreza.

En efecto, el número de empleadores y asalariados formales bajo la línea de pobreza se sitúa entre el 11% y el 15%, respectivamente, valores que están cerca de triplicarse entre cuentapropistas e informales (41% y 43%) y se cuadruplican entre los desocupados (61%).

A pocas horas de que sesione el Consejo Nacional del Salario (CNS) un informe de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) describe el escenario bajo pandemia y su impacto en el segmento laboral.

Grafica la situación el hecho de que la CTA Autónoma que lideran Ricardo Peidró y Hugo "Cachorro" Godoy reclama que, además de las prestaciones para el desempleo que fija el CNS, se incluya a los trabajadores informales en el debate y la consideración.

Los investigadores del Cetyd le recordaron a BAE Negocios que "tanto el empleo precario o el desempleo son determinantes de la pobreza y su incremento".

El reporte marca que la fragmentación de la estructura ocupacional incide sobre los niveles de pobreza que se potenciaron desde marzo 2020.

La incipiente mejora del empleo registrado entre el segundo y cuarto trimestre del año pasado no esconde que sectores como gastronomía, las trabajadoras/es de hogares y el comercio cuentan con estadísticas de merma considerable.

En donde los mecanismos de protección del empleo son débiles o inexistentes, "la principal variable de ajuste fue el empleo, situación agravada por la fragilidad de la economía", consignó la Unsam.

Ante esa situación describieron que el Estado articuló su intervención en torno a tres iniciativas centrales: la prohibición de despidos, el programa ATP de pago de salarios y reducción de contribuciones patronales y el mecanismo de validación ágil de suspensiones con pago de salario.

CTA Autónoma

El titular del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, Horacio Meguira, expresó que "el salario mínimo es el punto de partida para regular el ingreso y constituye el motor del sistema arterial distributivo", propiciando que ese piso salarial debe alcanzar a todos los trabajadores no convencionados, segmento que incluye a no registrados, subocupados y precarizados.

"Una amplia proporción de trabajadores percibe un salario inferior al mínimo a partir de la existencia de una estructura ocupacional con fuertes niveles de fraude a la ley, de evasión o elusión por la no registración y la desocupación, a lo que se sumó la Covid-19, que agudizó la crisis y provocó pérdidas del ingreso real", describió.

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