El Gobierno de María Eugenia Vidal busca avanzar con el Presupuesto 2019, tras la visita de los ministros de Economía e Infraestructura, Hernán Lacunza y Roberto Gigante, a la Legislatura, mientras la oposición le apunta al endeudamiento previsto para el año próximo, de $68.000 millones.

El próximo martes habrá un nuevo encuentro entre legisladores y funcionarios del Ejecutivo, pues están previstos informes del ministro de Salud, Andrés Scarsi, y de Desarrollo Social, Santiago López Medrano.

La oposición viene criticando los niveles de endeudamiento y el tratamiento de algunas obras públicas en el distrito más grande del país, que busca acompañar el ajuste impulsado por el gobierno nacional en el marco del acuerdo de financiamiento con el FMI y la ley de Presupuesto 2019, aprobado en la madrugada del jueves.

Respecto del juego, además del aumento que ya se había efectuado sobre Ingresos Brutos -pasó del 12% al 15%-, este año sumarán un impuesto del 2% para los premios de máquinas tragamonedas

También se pretende controlar el juego online, que hasta ahora funcionaba sin regulaciones por parte del Estado, intención que técnicamente no presenta acuerdo de implementación.

El Presupuesto del 2019 sostiene los mismos lineamientos trazados desde el inicio de la gestión, con prioridades en el impulso de la obra pública, el fortalecimiento de la inversión social y mejoras en seguridad.

Contempla gastos por $929.000 millones, un pedido de endeudamiento de $68.000 millones y la emisión de letras por parte del Tesoro del orden de los $8.000 millones.

La proyección de ingresos por todo concepto es de $889.000 millones y la inversión prevista es de $55.000 millones, 35 por ciento más que en 2018.

Según el Gobierno bonaerense, en 2019 la inversión social será una vez más la prioridad, según resaltaron voceros oficiales. 

Las políticas públicas que permiten avanzar con mejoras en educación, salud, jubilaciones, pensiones, desarrollo social y seguridad representan el 67,4% de las erogaciones presupuestadas.

Por tercer año consecutivo se prevé continuar con el superávit corriente que para 2019 será del 0,2% del Producto Bruto Geográfico de la Provincia (PBG).

El déficit que se mantiene responde a la inversión en obras, de acuerdo con el gobierno bonaerense. La novedad del presupuesto es que este año se contemplan transferencias de subsidios de servicios públicos que el Gobierno Nacional trasladó al Gobierno provincial.

El Presupuesto 2019 prevé una transferencia de gastos a los municipios de al menos $12.984 millones: $8.000 millones por la tarifa social eléctrica, que hasta ahora paga Nación; $2.450 millones por subsidios al transporte; y $2.500 millones para el sostenimiento de la Ceamse, gasto que impacta íntegramente en las arcas de los municipios del conurbano.

Esto, que supone desembolsos significativos para las comunas, se profundiza con restricciones en el renglón de los ingresos de los gobiernos locales: la ley Impositiva pone un tope del 38% al aumento de tasas municipales, además de otras limitaciones que se establecen y limitan las posibilidades recaudatorias.

Esto despertó la reacción de legisladores opositores, e incluso de algunos oficialistas.

Los municipios, entre la coparticipación y otros fondos como Fondo Solidario Provincial, Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, Inclusión Social y Financiamiento Educativo, entre otros, subirán sus transferencias en un 32% anual. 

Uno de los que más crece es el de financiamiento educativo, que aumentará 49% anual.

Con todo esto, el déficit de este año será de $40 mil millones, sin las transferencias sería solo de $12 mil millones, y se mantiene en 0,6% del producto, porcentaje muy similar al de 2018 y 2017, que fueron 0,5% y 0,6% respectivamente.

Para el próximo año se prevé, entonces, un endeudamiento en los mercados de crédito de $68.500 millones. Es el pedido de deuda más bajo de esta gestión: en 2016 fue 2,13%; en 2017, 1,43%; en 2018, 1,24%; y 2019 es 1,06% del PIB.

En materia impositiva se disminuyen impuestos distorsivos, que perjudican la actividad económica y la generación de empleo, según se estimó en el mensaje de elevación. 

Se propone también bajar alícuotas de Ingresos Brutos: para la producción primaria de 1,5% a 0,75%; construcción de 3% a 2,5%; servicios de 5% a 4,5%; transporte de 3% a 2%; comunicaciones de 5% a 4%; servicios inmobiliarios de 6% a 5%; electricidad, gas y agua de 4% a 3,75%. 

Esta disminución significa una transferencia del sector público al privado productivo de $10.000 millones, según las propias estimaciones oficiales. 

Por otra parte, se contempla también la disminución del impuesto sobre ingresos brutos para la venta de automotores nuevos de 2,5% a 2,3%.

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