Para desactivar la discusión sobre la pobreza en medio de la campaña electoral, el oficialismo acordó con la oposición debatir hoy en una sesión especial en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de emergencia alimentaria, sin embargo en el Gobierno nacional tienen algunas dudas respecto hasta qué punto la aprobación de la iniciativa opositora ayudará a evitar nuevas protestas de los movimientos sociales como la de ayer en la Avenida 9 de Julio.

Apenas el reclamo para que se declare la emergencia alimentaria empezó a tomar forma, los funcionarios macristas buscaron circunscribir el tema a un supuesto uso político por parte del peronismo con el objetivo de sacar algún rédito a poco más de un mes de las elecciones generales. Con el pasar de los días y a medida que se sumaron otras voces, entre ellas la de la Iglesia, en la Casa Rosada suavizaron ese discurso hasta que finalmente el presidente Mauricio Macri dio el aval para que sus legisladores acompañen el proyecto. Ayer, los jefes de las bancadas que integran el interbloque oficialista en Diputados -Álvaro González, de PRO; Mario Negri, de la UCR; y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica- mantuvieron un encuentro con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministro Hernán Lacunza, de Hacienda; y Carolina Stanley, de Desarrollo Social; para abordar esta cuestión.

En paralelo, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, aceleraba las negociaciones con los referentes de la oposición para que el debate sea "corto" y conlleve el menor costo político posible a Cambiemos.

Si bien Macri sostuvo que la "ley de emergencia alimentaria está vigente desde el año 2002", subrayó que si desde la oposición "quieren cambiarla y ampliarla", el oficialismo estará "disponible", habilitando así a los diputados del interbloque de Cambiemos a que bajen al recinto a dar quórum y acompañar la iniciativa. Una de las razones que llevó al jefe de Estado a tomar esta decisión fue la necesidad de eludir una escalada de protestas en las calles, más aún luego de las imágenes que se vieron ayer de policías reprimiendo a integrantes de organizaciones sociales en las puertas del ministerio de Desarrollo Social.

"Ojala la ley de emergencia alimentaria sirva para parar los acampes, pero no sé si funcionará porque lo que quieren son planes sociales y usan de excusa el otro tema", apuntaron desde la cartera que conduce Stanley.

El proyecto unificado de la oposición -que lleva 13 firmas de diputados que integran el Frente de Todos, el bloque Justicialista y Unidad Justicialista, más los misioneros del Frente Renovador de la Concordia- establece un incremento de emergencia del 50 por ciento de las partidas presupuestarias de este año para "políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". Y tiene en cuenta una de las preocupaciones que hasta hace unos días había en el Gobierno nacional, referidas a que no se creara un gasto adicional sino que en su lugar se reasignaran partidas presupuestarias. En el texto queda explicitado que se faculta al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".

En su articulado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año. También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor ( IPC) en el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.