El Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN) lanzó una campaña de concientización para defender el derecho al voto de "todas aquellas personas que se encuentren alojadas en centros de internación por motivos de salud mental".

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad le impone al Estado argentino la obligación de asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás. Sin embargo, el Código Nacional Electoral mantiene la exclusión del padrón electoral a los "dementes declarados tales en juicio" (artículo 3, inciso "a") e inhabilita a las personas con discapacidad psicosocial a ejercer el derecho al voto. Asimismo, señaló el ORN, a las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran privadas de libertad en instituciones psiquiátricas, habitualmente se les obstaculiza el ejercicio de sus derechos electorales a pesar de no poseer una restricción formal para ejercer su derecho a votar y de figurar en los padrones electorales.

En 2012, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al Estado argentino que "revise el Código Electoral y haga las modificaciones necesarias para alinearlo con los estándares de la Convención, en particular en materia de capacidad jurídica y el ejercicio del derecho al voto en igualdad de condiciones".