La diputada Graciela Ocaña fue denunciada ayer ante la justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en base a la presentación de su declaración jurada correspondiente al año 2016.

La denuncia fue radicada por el ex legislador porteño y referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, ante el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini, quien junto al fiscal Jorge Di Lello, deberá investigar las sospechas que despertó el patrimonio de la diputada nacional, el cual alcanza casi 5 millones de pesos en efectivo, inmuebles (una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin contar otros cuatro domicilios que pertenecerían a su marido) y empresas que fijan domicilio en su propia fundación Confianza Pública, la cual lleva el mismo nombre de su partido que integra la alianza gobernante Cambiemos.

En su presentación, Vera, quien es patrocinado por el abogado Daniel Llermanos, denuncia entre otras cuestiones que el patrimonio de Ocaña, quién fijó domicilio en Azucena Villaflor 350 del Madero Center de Puerto Madero, edificio conocido por ser el lugar donde funcionaba la financiera "La Rosadita", vinculada al manejo de dineros del empresario Lázaro Báez, habría pasado de $1.523.321,70 a $4.052.874,46, aclarando que había adquirido deudas por $629.714, 03.

La "Hormiguita" declaró además como terreno baldío una mansión cuya valuación ascendería a casi 1 millón de dólares, ubicada en un country de la localidad de General Rodríguez.

La parcela de 1.050 metros cuadrados valuada en $ 900 mil pesos, se encuentra dentro del barrio privado "Terravista".

También dijo conservar un inmueble en la localidad de Haedo de 197 metros cuadrados, comprado mediante un crédito y cuyo valor fijó en 1 centavo pese a que al adquirirlo manifestó que su precio ascendía a los $ 282.097.

Por otro lado, en 2016 señala que por vender activos de su empresa "Area Tres Constructora SA" recibe de ingresos un monto de $1.175.000, dato que al denunciante y a su abogado les llama la atención a raíz de que "la sociedad actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5 cheques sin fondo", por un monto total de $ 139.351.

"Lo que demuestra la documentación es que hubo activiades incompatibles con su rol de funcionaria pública particularmente en el caso de la constructora de la cual forma parte y que hizo acuerdos de refacción de escuelas de Pilar mientras ejercía cargos en el Estado, que hubo enriquecimiento ilícito porque no le dan las cuentas de su sueldo de funcionaria desde el 97 a la fecha y no le cierra el incremento del efectivo", dijo Vera al ser consultado por BAE Negocios.

El referente de La Alameda advirtió además sobre la existencia "de 10 sociedades que están funcionando en la sede de Confianza Pública donde se interrelacionan miembros de la fundación con ella y comparten domicilio, por lo que podría haber también una situación de presunto lavado de dinero".

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