María Victoria Stratta, inspectora general de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, denunció que "al menos cuatro" integrantes del directorio de Vicentin comenzaron a "enajenar" su patrimonio en febrero por si les tocaba responder ante demandas judiciales.

"Cuando uno dice que estas personas que están (gestionando la empresa) no están a la altura de las circunstancias no es una afirmación caprichosa", dijo la funcionaria santafesina, quien aclaró que tiene un rol completamente técnico y no político.

Stratta denunció que en el Registro General de la Propiedad de Santa Fe pudo detectar que "hay por lo menos cuatro personas (del directorio) incluido el presidente (de la empresa) que están enajenando sus bienes personales por las dudas que le toque responder".

"Todo esto ocurrió entre febrero y ahora. Empezó el estado de cesación de pagos y estas personas empezaron a hacer movimientos patrimoniales de enajenación. Esto los coloca en una situación por lo menos sospechosa", dijo Stratta en declaraciones a radio AM 550.

El Plan Perotti

Stratta es la autora de la iniciativa el gobierno santafesino para evitar que el Estado nacional avance con la expropiación que anunció el presidente Alberto Fernández dos semanas atrás y que ahora "pasó a un segundo plano" según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La iniciativa de Stratta que impulsa el gobernador Omar Perotti pide al juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista a cargo del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, que reemplace el gerenciamiento, integrado por once personas.

Se solicita que ese directorio sea reemplazado por un órgano de administración puesto por el juez del concurso.

Ese órgano de administración pasaría a sustituir al directorio, y estaría integrado por las personas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional (Gabriel Delgado y Luciano Zarich) y una persona designada por el Poder Ejecutivo provincial, que es el ingeniero Alejandro Bento.

La idea es que al ejercer esa administración se dialogue con otros sectores interesados, como pueden ser cooperativas de productores para que todo quien tenga interés legítimo pueda aportar a la solución.

Pero en la sociedad además de estar el órgano de administración, hay síndicos societarios que son tres contadores y abogados designados por los accionistas que controlarían a esta representación de los Estados nacional y provincial, lo que "garantizaría la transparencia".

Así, el órgano de administración estaría controlado por la asamblea de accionistas, por los síndicos societarios, por el juez del concurso, por los síndicos del concurso y por el comité de acreedores del concurso.

Con esa iniciativa, el día que el concurso se soluciona el Estado se va de la empresa y se eligen administradores nuevos por la asamblea de accionistas, que "deberían ser mejores de los que están o al menos no estar sospechados de estar vaciando su patrimonio".

"Los accionistas minoritarios quedarían protegidos con esta situación. Todos quieren que esta empresa se sanee no solo por ellos. Acá hay razones económicas, sociales, demográficas, localidades ligadas a estas plantas y empresas", dijo Stratta.