Los diputados nacionales que integran el bloque del Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ), Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, promotores del juicio político a Germán Garavano, incorporarán a las causales de mal desempeño las irregularidades que se están dando en el programa de protección de testigos, que depende de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Según los legisladores, son numerosos los elementos que dan cuenta de las torturas y presión psicológica contra testigos incorporados a ese programa, especialmente los que tienen que declarar en causas relacionadas con casos de corrupción, con el fin de que involucren a funcionarios del anterior gobierno en esos expedientes.

En varias oportunidades, el empresario Mariano Martínez Rojas, detenido en Ezeiza, denunció que, luego de negarse a involucrar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus declaraciones testimoniales, viene siendo amenazado de muerte y advirtió que no se va “a suicidar”, en referencia a su temor a aparecer muerto.

Asimismo, la periodista Romina Manguel reveló en el programa Animales Sueltos que al contador Víctor Manzanares lo tenían las 24 horas apuntado con un reflector encendido, uno de los métodos de tortura utilizados en la prisión de Guantánamo. Estas torturas llevaron a que Manzanares, tras dos años de estar detenido, declarara lo que le pedían desde el Ministerio de Justicia y luego pidiera abandonar el programa de protección de testigos, lo que según los diputados, pondría en riesgo su vida.

En efecto, tras esa declaración, Manzanares decidió abandonar el programa y regresar a Río Gallegos, en donde no tiene protección alguna, y según los dichos de Garavano, tampoco la tendrá, debido a que la cartera que conduce no contaría con recursos para asignarle custodia. 

Los diputados advirtieron “con suma preocupación que hoy la vida del contador Manzanares corre peligro y por ello hacemos responsable al gobierno nacional, en particular al ministro Garavano, de su integridad personal”. 

Por ello, los legisladores incorporarán al pedido de juicio político contra Garavano las irregularidades en el programa que depende del funcionario, y advierten que de no tomarse medidas se puede terminar en una situación luctuosa para la democracia argentina.

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