El viernes, al anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), el Ministerio de Desarrollo Social incluyó la categoría de “trabajadores sexuales”, uno de los primeros reconocimientos institucionales a esa actividad. El domingo por la noche, sin embargo, el formulario de inscripción dejó de estar disponible en la web.

Esas casi 72 horas volvieron a avivar uno de los debates más profundos en el feminismo: el de si la prostitución debe ser considerada trabajo o no.

El contexto es sabido. El IFE se planeó para cerca de 3,5 millones de personas, pero finalmente los anotados fueron más del doble. Esto destapó un amplio universo de trabajadores y trabajadoras informales sobre los cuales el Estado ni siquiera tenía conocimiento. Ante este panorama, Desarrollo Social decidió registrarlos y lanzó el ReNaTEP.

El domingo por la tarde, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), festejó en su cuenta de Twitter la novedad: “Ya no debemos ocultarnos ni inscribirnos con categorías engañosas”.

Unas siete horas después, el ministerio dio de baja la posibilidad de inscripción no solo para las trabajadoras sexuales sino para todas las categorías.

En Desarrollo Social explicaron a BAE Negocios que la decisión se tomó debido a que la puesta en marcha del ReNaTEP “generó un debate en torno a algunas categorías de trabajo en la economía popular” y que por eso se resolvió armar una Mesa de Trabajo con representantes de organizaciones sociales y colectivos diversos así como de los ministerios de Justicia, Seguridad, Trabajo y Mujeres “para analizar las distintas perspectivas”.

Referentes del abolicionismo festejaron la marcha atrás. Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda de lucha contra la trata de personas, comentó en sus redes: “Con el ministro Daniel Arroyo coincidimos, de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales, que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”.

Otras repudiaron de todas formas la decisión de haber incluido la categoría en primer lugar. Sonia Sánchez, víctima de explotación sexual y coautora del libro “Ninguna mujer nace para puta”, escribió en Twitter: “¡Arroyo reconoció a la explotación sexual como trabajo en la economía popular! El gobierno argentino, Alberto Fernández, Dora Barrancos, reconoce que se puede alquilar a seres humanas como putas. Como sobreviviente de la prostitución y trata repudio y denuncio”.

“Mirá vos, los papichulos de la economía popular consolidando los privilegios de los consumidores de prostitución, bajo el aspecto de proteger entre lxs trabajadorxs a las personas en prostitución y streapers”, comentó Diana Maffía, filósofa feminista y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de CABA. Sus palabras fueron apoyadas por Fabiana Túñez, ex directora del Instituto Nacional de las Mujeres.

Ammar, en cambio, redactó una carta pública dirigida a Daniel Arroyo en la que solicita que en el término de 48 horas se restablezca el formulario de inscripción al ReNaTEP con la categoría “trabajadores sexuales” y “strippers” incluidas.

“Por primera vez, tuvimos la posibilidad de ser parte de una política pública que nos permite acceder a derechos en un contexto de extrema precarización para nuestro sector”, afirma el sindicato en el escrito, que denuncia que la pandemia agravó estas condiciones.

El documento fue respaldado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, por la CTEP y por la Federación Argentina LGBT, entre muchas otras organizaciones.

“Sospechamos que sectores del abolicionismo presionaron para que no se nos contemple mediante esta categoría, pero estamos todavía a la espera de que el propio ministerio nos responda qué fue lo que pasó”, afirmó a este diario Natalia Canteros, tesorera de Ammar.

Canteros también remarcó la importancia que para el sindicato tuvo su inclusión con una categoría propia. Por un lado, desde lo simbólico: “Implicaba un avance enorme en cuanto lo cultural y al reconocimiento de nuestros derechos laborales”.

En lo práctico, el hecho de que el Estado cuente con esta información puede permitir “pensar políticas públicas para nuestro sector y que también nosotras podamos demandarlas con números más concretos y reales”, consideró.

Solo en las tres horas en las que estuvo vigente el formulario, se inscribieron más de 800 personas.

Además, Canteros afirmó que Emilio Pérsico y Vanesa Cufré, funcionarios de Desarrollo Social, les habían avisado un poco antes de la pandemia sobre la idea de ser registradas pero que desde Ammar no lo dieron a conocer, “primero porque no sabíamos con certeza si iba a pasar o no y segundo para no avispar al abolicionismo”.

Hasta ahora, solo hubo una medida del Estado argentino tendiente a reconocer los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, que la propia carta pública de Ammar reconoce: el decreto 1086/2005 de Néstor Kirchner, que modificó el Régimen de Contrato de Trabajo y promovió la sanción de una ley que las amparase “reconociendo su derecho a la jubilación y seguridad social”.

Desde ese momento, sin embargo, poco y nada se ha avanzado en ese sentido. El debate ha saltado a la luz pública una vez más.

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