En medio de los aumentos de servicios públicos y transporte, los despidos en diferentes empresas y dependencias del Estado y los múltiples casos de conflictos de intereses de funcionarios del Gabinete, la gran apuesta del presidente Mauricio Macri es apaciguar el malestar social que revelan las últimas encuestas de opinión y las múltiples movilizaciones con un puñado de gestos políticos.

De cara a la marcha del próximo 22, al igual que otras veces, desde la Casa Rosada juran y perjuran que ni los actos ni las marchas inciden un ápice en las decisiones que toma o deja de tomar el mandatario.

Sin embargo, en el oficialismo se muestran más atentos a lo que arrojan las encuestas de opinión, las propias y ajenas. Las últimas, tanto la de la Universidad San Andrés como la de Ricardo Rouvier & Asociados, Managment & Fit y Ceop, dan cuenta del enojo de más de la mitad de los encuestados a raíz de la reforma jubilatoria, los incrementos de servicios y transportes, la inflación y el affaire Triaca.

Las renuncias de las dos hermanas del ministro, Mariana y Lorena, y la esposa, María Cecilia Loccisano, a sus respectivos cargos fueron transformadas en un hecho político con bombos y platillos.

Algo similar sucedió con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que finalmente devolvió a la SRA los 500 mil pesos que la entidad le había pagado a fines del año. "Era necesario dar muestras de transparencia en todos los niveles y mostrar que nadie tiene privilegios", apuntó un integrante del gobierno.

En el afán por revertir la fuerte caída de la aprobación presidencial y de reinstalar la idea de que el Gobierno de Cambiemos es lo suficientemente transparente como el propio Macri pregonaba antes de llegar a la Rosada, desde el Ejecutivo promoverán el debate en el Congreso de la ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas y una nueva Ley de ética pública.

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Gabriela Vulcano

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