Un nuevo escándalo judicial estalló en la estructura de la UOCRA. A partir de una denuncia de empresarios del sector y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires encontraron $5.000.000 y 100.000 dólares escondidos en bolsas y bolsos y también una pistola calibre 9 milímetros en el interior de la vivienda allanada en la diligencia judicial. Diez dirigentes que hasta octubre pasado integraban la conducción del gremio bahinse fueron detenidos en ese megaoperativo realizado por la Policía Bonaerense por orden del fiscal Gustavo Zorzano.

La crónica policial/judicial sigue desarrollándose dentro de la representación gremial del rubro que impulsa recuperación de puestos de trabajo por estos días.

La operatoria abarcó 19 allanamientos simultáneos y entre los apresados, se encuentra Humberto Monteros el líder de la organización sindical.

Todo sucedió a la luz de las brasas que todavía persisten encendidas en la investigación con otra delegación del sindicato que lidera Gerardo Martínez, en la ciudad de La Plata, con el dirigente Juan "Pata" Medina a la cabeza y parte de su familia involucrada en la operatoria.

Desde la conducción nacional de UOCRA, con sede en la Avenida Belgrano recordaron que la seccional Bahía Blanca "está intervenida desde octubre de 2017 y que las personas detenidas por la justicia no ejercen actualmente funciones en el gremio".

"La totalidad de la cúpula de la seccional Bahía Blanca fue removida por decisión de la Uocra central en octubre último, por incompatibilidad en la función gremial. Esa filial está desde entonces a cargo del interventor Ricardo Rodríguez, quien a su vez es el secretario general de la seccional Trenque Lauquen", consignó el sindicato en un comunicado y también en declaraciones de su responsable de prensa, Ricardo Camaño a Radio Con Vos.

Martínez además de su peso específico en la CGT se desempeña como representante de Azopardo ante la OIT y aclaró que, en octubre pasado, la conducción nacional del gremio decidió de forma unánime remover a los entonces los dirigentes bahienses por "incompatibilidad gremial". En un recordatorio de acciones similares mencionaron los casos de Santa Fe y Pilar.

Los integrantes de la ex cúpula gremial detenida hoy -incluido su ex titular, Humberto Monteros- están acusados de asociación ilícita y extorsiones a empresas, como los $750.000 recibidos para permitir en su momento la realización de una obra en la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena, según afirmó Juan Pablo Fernández, fiscal general de la ciudad del sur bonaerense.

"Para obras de envergadura, como la de la reparación de la turbina 30 de la central termoeléctrica Luis Piedrabuena (en la localidad bahiense de Ingeniero White) se pagó 750.000 pesos", aseguró.