Desde hace años, cada 28 de junio una de las principales consignas de la marcha del Orgullo LGBTIQ+ es la implementación del cupo laboral travesti trans en todo el sector público nacional. En 2021, este reclamo de las organizaciones de la comunidad se hizo realidad: la nueva ley, aprobada el jueves pasado, lleva el nombre de sus dos principales impulsoras, Diana Sacayán y Lohana Berkins.

La ley Diana Sacayán-Lohana Berkins amplía el alcance del decreto presidencial 721/2020, que sólo abarcaba al Poder Ejecutivo nacional. Con la nueva norma va a haber "una base más amplia de contratos, no sólo en el Ejecutivo sino en el Legislativo y Judicial", y permitirá que las personas trans trabajen más en empresa privadas gracias a los incentivos que propone, destacó en diálogo con BAE Negocios Alba Rueda, militante trans, titular de la subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) nacional.

"Cada vez que una persona travesti trans a trabajar es una enorme alegría, después de tantos años de luchar por el acceso al trabajo. Les ha transformado su vida, hoy pueden sostener su alquiler, su comida y todo lo demás. Lamentablemente, la mayoría de las travestis en nuestro país está en situación de prostitución, entonces poder salir de esa situación es importantísimo y crucial", evaluó Florencia Guimaraes García, militante de la organización Furia Trava y coordinadora del centro de día La Casa de Lohana y Diana.

Cuántas personas trans trabajan en el Estado

Debido a que todavía no se reglamentó la nueva ley, a nivel nacional rige el decreto 721 del 4 de septiembre de 2020, por el cual el presidente Alberto Fernández creó el cupo trans de 1% sobre el total de la planta de trabajadores en el sector público nacional del Poder Ejecutivo.

Por ahora, sólo ocho provincias cuentan con leyes de cupo laboral trans, en las que el porcentaje de piso varía entre el 0,5 y el 5%. Varios municipios también lo implementaron. En muchos lugares no se cumple, y en tantos otros depende de la voluntad política de las autoridades.

El 27 de enero "se completaron todos los instrumentos que hacían falta para poner en marcha el cupo" y comenzó a funcionar el Registro de Cupo Trans, "que hoy cuenta con más de 4.200 personas inscriptas" a la espera de conseguir un trabajo en el Estado, afirmó Rueda.

Para conocer dónde mandar un currículum por el cupo trans y saber en qué organismos ya se cumple, consultar esta nota:

A partir de un diagnóstico inicial realizado por diferentes organismos del Gobierno nacional, se descubrió que previo al cupo trans, en la administración pública nacional de todo el país trabajaban "menos de 30" personas trans, indicó Rueda. Pero hoy ese número aumentó más del triple: luego de la implementación del cupo por decreto, al menos hasta el 30 de marzo de 2021 ya había "más de 87 personas trans trabajando, "a las que se suman actualmente 151 personas que están en proceso de contratación", contó la funcionaria a BAE Negocios.

“Hay cinco organismos que cumplen con el cupo trans, 19 organismos cumplen con menos del 1%, y otros 45 no cumplen todavía con el cupo trans, o no informaron su situación", reveló Rueda a este diario. "Falta todavía bastante para cumplir el cupo, pero hay varios organismos que ya cuentan con personas trans”, celebró.

El cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires

Por otra parte, la provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 14.783 "Diana Sacayán", impulsada por la militante que le dio nombre, víctima de travesticidio en 2015. Un mes antes de su muerte pudo ver cómo se aprobaba el proyecto, que fue reglamentado recién en 2019. Establece que el Sector Público debe contar con al menos 1% de personas trans sobre el total de su planta "que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo".

Según Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense, "ingresaron un poco más de 50 personas trans a planta y un numero similar está trabajando con becas en los operativos de vacunacion". Además, en 2020 se creó el "Registro Diana Sacayán" para que las personas interesadas pueden postularse para ocupar un puesto estatal, y hasta ahora hay "364 inscripciones".

Personas travestis y trans en el sector privado

La nueva ley no establece un cupo en el sector privado, pero sí ofrece incentivos para que las empresas implementen la diversidad de género. De acuerdo a Rueda, "hay empresas que ya cumplieron con contrataciones de personas trans" y que se contactaron con el MMGyD. Si bien no pueden monitorearlas, hay una articulación con las compañías a través de la coordinación de Políticas para el Empleo de Personas Travestis y Trans, "que trabaja en relación con empresas privadas, cooperativas y espacios autogestivos, para impulsar una línea laboral para personas trans".

De hecho, este 28 de junio por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ la subsecretaría de Políticas de Diversidad trabajará en una "mesa de articulación con las empresas privadas". Además, el MMGyD cuenta con el programa Igualar, "que incorpora la perspectiva del cupo trans para las empresas privadas": se busca mostrar que esta comunidad se puede desenvolver en puestos estatales y "promover con un incentivo económico la contratación de las personas trans en el sector privado".

Díaz destacó que el MMGyD bonaerense lleva adelante una serie de medidas para que en el sector privado "se promueva la inclusión de la población trans". Uno de ellos es un programa por el cual se otorga el Sello Construir Igualdad a las empresas que avancen en distintas etapas de inclusión de género, "y uno de ellos es incorporar personas trans".

"Sabemos que algunas empresas ya han contratado personas trans incluso previo a la firma del Sello Igualdad. Creemos que esto va a dar otras oportunidades laborales, y que la inclusión sea completa en el mundo laboral público-privado, para que todas las identidades de género tengan posibilidades de acceso a un trabajo digno y de calidad", puntualizó la ministra provincial. El mail de contacto para acceder al programa es direccionequidadlaboral@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar.

Guimaraes afirmó que la presencia trans en empresas privadas es muy baja. "La mayor participación de nuestra comunidad tiene que ver con los ámbitos del Estado. Al sector privado todavía es muy difícil llegar. Sabemos que va a ser bastante complejo, pero esperemos que no lo sea", expresó, y tomó como ejemplo el cupo para personas discapacitadas, que "tampoco se cumple". "Es necesario que el Estado empiece a presionar un poco más sobre el sector privado", indicó.

Decisión política e inclusión, claves para un cambio de paradigma

Estela Díaz planteó que, al regir a nivel nacional, la nueva ley "sube los estándares de derechos" para permitir oportunidades en toda la Argentina. "Además, tiene un efecto más allá de los números concretos: tiene un efecto multiplicador, en un contexto que amplía perspectiva de inclusión, no sólo en el sector público sino también en el privado. Se propone un cambio simbólico y cultural al plantear una inclusión laboral a personas que han estado históricamente excluidas del sistema en general, y del laboral en particular", analizó.

Para Rueda, "la ley es que va a ser otro avance de la democracia y la conquista de derechos con la que se planta el movimiento LGBT y travesti trans en Argentina, como con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Son momentos históricos porque son leyes que plantean claramente la necesidad de que haya un marco democrático que proteja a las personas más vulnerables de nuestro país".

Guimaraes tiene su primer trabajo formal "desde hace un año y pico, aunque no por el cupo laboral", en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque ratificó la importancia de contar una ley "para reafirmar el derecho" de acceder al mercado laboral formal, enfatizó que más allá del cupo, "cuando hay intención y decisión política" para incluir a personas marginalizadas "se dan cambios transformadores".

"Cuando hay gobiernos que realmente atienden estas demandas o tienen las intenciones, se ven los cambios. Nosotras no lo podemos negar, y lo estamos viendo”, destacó en consonancia con Díaz, al resaltar el puesto de Alba Rueda en el Ministerio de Géneros, así como Daniela Castro en el ministerio bonaerense.

La presencia de personas travestis y trans en el ámbito político, ya sea en cargos de gestión o, por ejemplo, como asesoras de legisladores en el Congreso, con un importante motor de transformación al poder acercar sus necesidades y experiencias. "Obviamente que queremos ser nosotras mismas diputadas, senadoras, pero estamos hoy dentro de los espacios políticos trabajando. Estamos llegando a la política, y eso después se transforma en políticas públicas positivas", remarcó.

"Estamos en muchos espacios, y eso es transformador primero para nosotras, pero también para toda la sociedad: que empiecen a romper con esa mirada que hay sobre nosotras solamente como personas que podemos estar en una zona roja, en una esquina, a la noche, en la clandestinidad. Que podemos estar -y debemos estar- en todos los lugares que siempre nos han sido negados", planteó Guimaraes.

Luego del cupo laboral trans, otras medidas que exigen son "una ley de reparación histórica para las compañeras adultas mayores que fueron encarceladas por su identidad de género", así como "proyectos para las compañeras que están en situación de prostitución, acceso a la vivienda con nuevos planes o que en los planes existentes haya un cupo para travestis y trans".

Falta de datos accesibles

Los datos de personas trans que trabajan en el Estado nacional aún no están disponibles para ser consultados libremente a través de algún sitio web oficial. Rueda explicó que es "información pública" pero que el documento con las cifras no se puede compartir, aunque “Santiago Cafiero en el Congreso contestó las preguntas referidas a cupo con estos datos", y también se los informaron a organizaciones sociales y sindicatos en una reunión.

Guimaraes indicó que la falta de acceso a esos datos es un problema para las organizaciones travestis y trans. "No han salido a la luz datos específicos y concretos. Es uno de los reclamos que se den a conocer las cifras, y que se acelere la implementación de la ley Diana Sacayán (de provincia de Buenos Aires) que es del 2015 y que recién fue reglamentada a comienzos del 2020. Necesitamos que esto sea de manera masiva, porque conocemos casos de compañeras que han ingresado al Estado, pero son contadas", sostuvo la militante.

Incluso lo comparó con la falta de cifras sobre los travesticidios: "También sucede que el Estado nunca ha recaudado los datos concretos. Sí lo sabemos las organizaciones sociales, pero el Estado no tiene llevado un conteo en números de las muertes de travestis y trans. Lo mismo sucede con el cupo laboral travesti trans", sostuvo.

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Martina Jaureguy

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