El oficialismo firmó dictamen a favor del proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias para las empresas, en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El texto, que propone un esquema de alícuotas escalonadas que van del 25% al 35%, no contó con el aval de las legisladoras y los legisladores de Juntos por el Cambio, que resolvieron presentar un dictamen de rechazo a la iniciativa.

El dictamen de mayoría obtuvo 26 firmas, entre ellas la del diputado de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, que lo hizo en disidencia; en tanto la principal fuerza opositora reunió 19 adhesiones para su dictamen de minoría.

El texto del Poder Ejecutivo nacional propone una estructura de alícuotas escalonadas. Las empresas que tengan una ganancia de más de $5 millones de pesos anuales pagarán el 25%; las que tengan ganancias entre $5 millones y $20 millones abonarán el 30%, y a las que superen los $20 millones les corresponderá una alícuota del 35%

El proyecto cosechó múltiples críticas durante todo el encuentro virtual que mantuvo la comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce Carlos Heller. Las explicaciones que brindó el diputado oficialista al abrir la reunión no fueron suficientes para torcer la voluntad del interbloque opositor. 

"En una estimación optimista, los impuesto a percibir alcanzarán para compensar el costo por el beneficio del impuesto a las Ganancias otorgado a las personas humanas", dijo Heller, a la vez que planteó que el proyecto conlleva a "una reducción de la carga tributaria para el 90 por ciento de las empresas". Y agregó: "El ingreso real se incrementará en alrededor de 45 mil millones de pesos, que es lo que más o menos se dejará de percibir por los cambios del impuesto a las Ganancias para personas humanas".

El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que la CEPAL y el FMI están planteando la necesidad de aumentar los impuestos a las grandes sociedades, realizó una comparación con lo que se abona en países como Uruguay y Brasil y defendió la idea de que paguen más "las empresas con mayores Ganancias". "Sin chicanas, los que hoy defienden la baja de impuestos se ponen a la derecha del Fondo Monetario Internacional", concluyó. 

El primero de Juntos por el Cambio en contrarrestar las argumentaciones de Heller fue el diputado radical Alejandro Cacace, quien planteó que el proyecto del oficialismo establece "otro aumento de impuestos de los tantos que ha realizado este gobierno desde el inicio de su gestión" y subrayó que “las empresas tienen capacidad de trasladar impuestos a los precios, con lo cual no recae solamente sobre las empresas sino que termina cayendo sobre los consumidores”.

“Alivio fiscal, como pretenden presentarlo no es. Claramente el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que va a haber un incremento de recaudación de 320 mil millones de pesos, es todo lo contrario a un alivio fiscal. El oficialismo dice que 9 de cada 10 empresas van a pagar menos. Eso es falso, porque todas las empresas hoy pagarían 25 % de alícuota, según la reforma de 2017, suspendida por el Gobierno por el año 2020, pero vigente ahora”, remarcó el legislador de la UCR. 

El legislador del bloque radical Luis Pastori sostuvo que se trata de "un aumento a la inversión" y remarcó que "el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos de ganancias (17.127 casos), entre las cuales va a haber una gran cantidad de pequeñas empresas" y que eso "va a aumento de precios o frena la inversión". 

"¿Al 31 de diciembre de 2020, cuál es la alícuota vigente? Es la de la ley 27.439, que establece el 25%, más el 13% en los dividendos que sean distribuidos. Al cierre del ejercicio se aplica la alícuota vigente, o sea si cierra al 30 de abril deberá tomarse el 25%", señaló Pastori, en referencia a la reforma tributaria que se aprobó en 2017, que establecía una reducción gradual de la alícuota, que iba del 35% al 25%. El año pasado, la norma fue suspendida por el gobierno de Alberto Fernandez y la alícuota quedó fijada en 30%. Según Juntos por el Cambio, la suspensión era hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que ahora estaría en vigencia el esquema aprobado durante la gestión de Mauricio Macri.  

Atilio Benedetti, de la UCR, aseguró que “estamos frente a un aumento de la presión impositiva sobre las empresas. Es una vuelta de tuerca más sobre un clima antiempresa que se percibe desde el comienzo de esta administración, siendo el sector que puede generar actividad económica y puestos de trabajo”.

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Gabriela Vulcano

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