El juez federal Sebastián Casanello dictó este viernes la "falta de mérito" de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K", en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

Casanello resolvió la situación procesal de la ex mandataria, cuando en paralelo gran parte de la causa por lavado de dinero mediante la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", está en etapa de juicio oral y público, con más de 20 implicados, entre ellos Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

Para el juez Correccional y Criminal 7, “no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Elisabet Fernández por los hechos por los que fuera intimada en la presente causa”, añadieron los informantes en base a su resolución.

Asimismo, Casanello solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a las firmas vinculadas con Báez, en especial la empresa Aldyne.

La investigación comenzó en abril de 2013, y la ex presidenta fue imputada por el fiscal federal Guillermo Marijuan después de la declaración brindada por Leonardo Fariña el 8 de abril de 2016 en carácter de imputado colaborador. 

En abril de 2017, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la convocatoria a prestar declaración indagatoria de Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti (los ex funcionarios involucrados en la causa conocida como Vialidad.

En su fallo, Casanello sostiene que existen elementos sobre el lavado de dinero por parte de firmas vinculas a Baez, y advierte que la investigación sobre la ex presidenta no está clausurada, pero advierte que “debe profundizarse para acreditar la hipótesis introducida” de que Cristina Kirchner estaba implicada en estas maniobras. 

“Por eso ordenaré medidas de prueba orientadas en ese sentido, que se sumarán a las que se encuentran en pleno curso”, reafirmó el magistrado en su resolución.

El magistrado la había convocado a declarar a Comodoro Py el 18 de septiembre pasado luego de que se lo ordenaran los jueces Martín Irurzun y Rafael Llorens de la Cámara Federal: hasta el momento, el magistrado se había negado a citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, por considerar que la ex mandataria ya era investigada por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició Báez.

Los camaristas Llorens e Irurzun, en cambio, habían considerado que sí había elementos para convocarla a indagatoria, ya que la fortuna que manejaba el empresario Lázaro Báez no hacía pensar otra cosa que era ella la verdadera dueña.

Báez se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de "La Rosadita" en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.

Para los jueces, "se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios".