La Cámara de Diputados se encamina a firmar dictamen este martes del proyecto de la Ley de Etiquetado Frontal, luego de sortear la resistencia de algunos legisladores del oficialismo y la oposición para avanzar en ese sentido. La principal incógnita es si el texto sufrirá modificaciones o se dictaminará tal como llegó del Senado. Aunque en el Frente de Todos plantean que en principio no se introducirán cambios, no descartan por completo esa posibilidad. 

A tres meses del último encuentro, el plenario de las comisiones de Legislación General, de Salud, de Industria y de Defensa del Consumidor se volverá a reunir pasado mañana a las 15 para tratar la iniciativa que establece la rotulación nutricional de los alimentos. 

La firma del dictamen se pospuso semana tras semana desde inicios de abril a raíz de los cuestionamientos de diputadas y diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, a los que se sumaron los de algunos representantes de la industria alimentaria. En su mayoría, el bloque oficialista impulsa la aprobación del proyecto que tiene media sanción de la Cámara alta, sin embargo algunos plantearon sus dudas sobre la conveniencia de sancionar una ley de estas características ante la difícil situación económica que atraviesan varias empresas. Uno de los pocos de esa fuerza que manifestó reparos a la letra de la iniciativa fue el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, que proviene de una provincia productora de azúcar como es Tucumán. 

Las críticas a la ley

 

El lobby empresarial llegó a Diputados antes de que el proyecto fuera aprobado en el Senado, donde sólo votaron en contra las tucumanas Beatriz Mirkin, del Frente de Todos, y Silvia Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio; y la riojana María Clara del Valle Vega, de Fuerza Cívica Riojana. En un comienzo, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, decidió girar la Ley de Etiquetado Frontal a seis comisiones, pero finalmente la envió a cuatro, tras las críticas de organizaciones de la sociedad civil que pujan por la aprobación de esta norma y de integrantes del propio oficialismo.

La Ley de Biocombustibles -que ya fue aprobada en Diputados y será tratada en el Senado en los próximos días- beneficiará a la industria azucarera, lo que de alguna manera compensaría cualquier perjuicio que provoque para ese sector el proyecto que obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol a incluir octógonos negros al frente de sus etiquetas en los que adviertan sobre los excesos de azúcares, sodio y grasas saturadas y totales a fin de promover la alimentación saludable.        

Otro de los planteos que surgieron durante el tratamiento en comisiones es que la ley que se vote en el Congreso debería ajustarse a lo establecido por la legislación del Mercosur en esta materia. Sin embargo, quienes defienden la norma sostienen que no hay contradicción alguna entre una cosa y la otra y que no hay razón para frenar el debate.  

Dictaminar sin cambios

 

La explicación que dieron desde el oficialismo por las idas y vueltas para dictaminar es que hasta ahora no se contaba con el acuerdo de todos los presidentes y vices de las cuatro comisiones y que recién ahora se consiguió llegar a un consenso para convocar al plenario. Según dos fuentes de ese espacio político, la idea del Frente de Todos es firmar este martes sin cambios el dictamen del proyecto que fue votado en el Senado.

La diputada oficialista Florencia Lampreabe fue una de las primeras en decir que "el bloque Frente de Todos tiene la voluntad de de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con media sanción del Senado, ya que es el que mejor busca proteger la salud de las y los argentinos".

En Juntos por el Cambio ponen en duda que no se introduzcan modificaciones al texto y admiten que al igual que en la bancada oficialista, en el interbloque opositor "no habrá una única postura".  

Una de las principales críticas opositoras es que las empresas no tendrán el tiempo suficiente para adecuarse a la nueva normativa, a la vez que les conlleva un mayor costo. En el caso de las empresas más grandes el plazo establecido es de un máximo de 6 meses, mientras que para el resto de las compañías alimentarias es de 12 meses, con posibilidad de prórroga. 

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Gabriela Vulcano

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