La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley el proyecto que sanciona la corrupción empresaria. El texto, que sufrió numerosos modificaciones en el Senado, finalmente consiguió ayer dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General de la Cámara baja y será apoyado por la mayoría de los bloques parlamentarios.

La redacción original de Diputados había incorporado a todos los delitos del Código Penal pero los senadores acotaron a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y balances e informes falsos agregados como pasibles de sanción para las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

La nueva redacción no incorpora, tal como había pedido la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el polémico artículo que abría a las empresas la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración eficaz de tipo administrativo, por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la ley.

Entre las multas estipuladas para las empresas van de dos a cinco veces la ganancia que logre a partir de su conducta delictiva, e incluye la suspensión parcial o total de la actividad que no podrá exceder los diez años, la suspensión para participar de concursos de servicios públicos, también por diez años, y la disolución de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito.

Además, el proyecto que busca el oficialismo con el objetivo de ser miembro de la OCDE establece la prohibición de participar en las licitaciones convocadas por el Estado Nacional a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.

La diputada radical, Gabriela Burgos, sostuvo que se aceptarán las modificaciones introducidas por el Senado, entre las que figura un artículo que establecía la imprescriptibilidad de estos delitos, equiparándolos con los de lesa humanidad.

Durante el debate en comisión, el Frente Renovador adelantó que acompañará la iniciativa en general. El diputado Juan Brugge, objetó algunos cambios realizados en el Senado. “Lamentamos que no hayan igualado los delitos de corrupción con los de lesa humanidad, porque es la propia Constitución la que los equipara”, expresó el cordobés.

El FpV, en tanto, hasta ayer, no había una postura unificada, con lo cual se decidió aunar criterios en una reunión de bloque, antes de que comience la sesión.

Desde la Izquierda, rechazaron la propuesta. “El gobierno de Cambiemos dice que esta ley es para evitar casos de corrupción. Uno podría pensar que se va a embestir contra Odebretch, la Barrick, Chevron, los usureros de la deuda o los bancos que están haciendo fortunas. Nada más lejos de la realidad. Es precisamente lo opuesto”, dijo el diputado Juan Carlos Giordano.

  • Iniciativa a medida de Cristina

La comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto que imposibilita las candidaturas de dirigentes que tengan condenas por delitos de corrupción.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Silvia Lospennato (PRO) y consiguió el apoyo del bloque Justicialista y del Frente Renovador.

El proyecto agrega un inciso nuevo al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos, donde se fija que no podrán ser candidatos los condenados por cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. La movida tiene como fin, según fuentes oficialistas, impedir una posible candidatura en 2019 de Cristina Fernández.