La comisión de Legislación del Trabajo de Diputados emitió dictamen al proyecto de ley para el teletrabajo, que quedó habilitada para tratarse en el recinto en la próxima sesión. Según estimaciones extraoficiales la labor remota tenía un segmento del 17% antes del coronavirus y bajo pandemia orilló o supera el 50% de la dinámica del trabajo en todo el país.

Antes del acuerdo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio trabajaron a contrarreloj para limar diferencias y se llegó al dictamen unificado, pese a que la oposición firmó con disidencias parciales y el oficialismo tuvo su propia interna como anticipó BAE Negocios.

Esos chispazos radicaron en la decisión tomada para no efectuar modificación alguna desde el FdT al texto original, como descontaba la CGT, para el tratamiento lo más rápido posible y la consagración de la ley. Empero legisladores sindicales que integran la Corriente Federal (CFT) estuvieron lejos de "celebrar" el texto apenas conocida su redacción.

Al borrador original se le incorporó un plazo de 90 días para la entrada en vigencia de la ley después de la finalización de la cuarentena. Esas jornadas permitirán a los empleadores "acomodarse" al nuevo marco normativo. La presidenta de la comisión, la referente judicial sindical Vanesa Siley (FDT), destacó haber logrado un consenso pese a que el mismo demandó "articular intereses muchas veces contrapuestos".

Albor Cantard (UCR), vicepresidente de la comisión le resaltó a la agencia NA que el propósito de la regulación es "garantizar un piso de derechos a los trabajadores", en tanto que los detalles específicos quedaron librados a las negociaciones de los convenios colectivos de cada actividad.

El proyecto determina que quienes se desempeñen a través del teletrabajo "gozarán de los mismos derechos y obligaciones para quienes cumplan labor bajo la modalidad presencial, y su remuneración será la misma del convenio colectivo de trabajo", léase no podrá ser inferior a la del trabajo presencial.

Va de suyo que desde que comenzó la cuarentena, el escenario real del trabajo, no sintonizó con la dinámica que marca la ley en muchos casos, y tal cual lo denunciaron varios gremios, "la precarización le siguió ganando terreno al espíritu que marca la LCT", según recordaron varias fuentes a este diario.

Otro trazo signficativo es que la prestación laboral a distancia es voluntaria, e incluye el "derecho a la desconexión" del empleado remoto. Establece también que "el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas", o su compensación económica.

El trabajador a distancia "tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar", y "dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias", condición que reclamó la CGT.

En cuanto a las tareas de cuidados, se establece que quienes "acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada".

En el caso de la reversibilidad, el proyecto aclara que "en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva".

Sobre al "derecho a la desconexión", se consigna que el trabajador remoto tendrá "derecho a no ser conectado y desconectarse de los dispositivos digitales" fuera de su jornada laboral o durante los períodos de licencias, al tiempo que el empleador tendrá prohibido "remitirle comunicaciones por ningún medio" en esos períodos.

La autoridad de aplicación designada es el Ministerio de Trabajo que tendrá bajo su responsabilidad la fiscalización así como el dictado de normas de seguridad e higiene.