En una maniobra inédita para el Gobierno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la Secretaría de Comercio actuó de oficio para evitar el cierre de una de las fábricas argentinas de Dow Chemical: dictó una medida cautelar en la que ordena a la multinacional no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos que posee en su planta ubicada en San Lorenzo, Santa Fe.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, emitió un dictamen ordenando a la firma Dow Química Argentina S.R.L. no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos que posee en su planta de Puerto General San Martín, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, salvo que la acción llevada adelante tenga como fundamento el mantenimiento, reparación o mejora de estos, indicó un comunicado oficial.

De acuerdo a la medida, la prohibición de innovar, alterar o modificar los activos productivos estará vigente hasta tanto se resuelva la cuestión objeto de investigación por presunto abuso de posición dominante por parte de la firma, conforme a lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia.

La cautelar surge a raíz de la comunicación oficial que realizó la empresa Dow Química Argentina S.R.L., donde informó su decisión de cerrar y poner fin a las operaciones de la planta de San Lorenzo, ubicada en la provincia de Santa Fe, así como inutilizar los activos productivos involucrados y seguir proveyendo a sus clientes locales desde su planta ubicada en Brasil.

De acuerdo a lo que informó Dow Chemical, la fábrica de Santa Fe permanecería en funcionamiento hasta mayo de 2022, y el cierre completo y el desarmado se llevarían a cabo a finales del mismo año.

El Gobierno frena el cierre

Las actuaciones se iniciaron de oficio a instancia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una decisión que hasta ahora nunca se había dado: que el Gobierno avance para evitar el cierre de una empresa privada y garantizar que los activos productivos -máquinas y otros recursos de la fábrica- sigan en funcionamiento para proveer a la Argentina de los petroquímicos que produce la firma.

A principios de septiembre, la vicepresidenta Cristina Kirchner le había pedido al presidente Alberto Fernández en pleno acto de fin de campaña “no permitir” que se ponga fin a las operaciones de la planta santafesina de Dow ya que tener que importar los productos plásticos que se fabrican allí implicaría un “drenaje” de divisas.

Cada dólar que tengamos que pagarle al FMI va a ser un dólar menos para pagar importaciones para que las pymes produzcan. Nuestras fábricas y empresarios necesitan dólares para comprar insumos. Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos difundidos para toda la industria”, afirmó Kirchner durante el acto del Frente de Todos previo a las PASO.

Posición dominante

El Gobierno planteó que, teniendo en cuenta la posición de mercado que ocupa la firma
investigada por abuso de posición dominante, "la decisión de cerrar solo tendría como objetivo mantener su lugar como principal oferente en el mercado a costa de la pérdida de recupero de las inversiones realizada", dado que en su comunicación Dow afirmó que "los activos productivos no serán transferidos ni reubicados sino que los va a destruir o los va a volver obsoletos, lo que implica una afectación del interés económico general", indicó el comunicado oficial.

La empresa Dow Química Argentina S.R.L. abastece el 73% de la oferta local de  polioxi propilenglicol y el 41,5% de éteres glicólicos, por lo que tiene posición dominante en el 
mercado argentino, indicó el comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Estos productos plásticos son insumos de uso difundido fundamentales para la industria automotriz, fábricas de colchones y electrodomésticos, por lo que la pérdida de recursos económicos ante la destrucción innecesaria de los factores productivos conlleva a un aumento de los costos de entrada de nuevos competidores, un aumento en los costos de transacción para la adquisición de los productos que se dejan de fabricar en nuestro país, y una afectación directa en el mercado laboral, remarcó la cartera dirigida por Kulfas.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia continuará con la tramitación de las
actuaciones conforme lo establece el procedimiento de la Ley Nro. 27.442, garantizando la
protección al interés económico general. "Por mandato legal y constitucional, el Estado se
encuentra obligado a llevar adelante acciones a fin de eliminar todas aquellas conductas que
tengan como objetivo distorsionar la competencia y afectar el funcionamiento de los
mercados involucrados
", recordó el texto oficial.