Tras las protestas del martes en varias ciudades santafesinas en contra la decisión del Gobierno nacional de intervenir y avanzar en la expropiación del la empresa agroindustrial Vicentin, los accionistas de la compañía anunciaron que tomaron contacto con los interventores designados en la compañía con el fin de "preservar la paz social".

La medida del gobierno provocó una reacción entre algunos vecinos de Santa Fe que salieron a la calle con banderas argentinas para protestar contra la decisión del Estado de expropiar la empresa, que cuenta sin embargo con el apoyo de los trabajadores de la compañía cerealera y del gremio de aceiteros.

"La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención", dijeron en un comunicado.

Aseguraron, además, buscar que "con la insoslayable participación del juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta".

Poco antes, el propio presidente Alberto Fernández reveló que el martes mantuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin", a quien le dijo que lo que buscaba el Gobierno era "preservar la empresa en manos argentinas" y agregó: "No debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”.

En relación con la actitud de algunos sectores de la oposición en torno al tema, consideró que "hay un grupo de políticos que hace años se olvidó de discutir política y se acostumbró a que la política ocurra en los tribunales".

 

 

El gremio, a favor de la estatización

A diferencia de las manifestaciones en contra de la expropiación, el integrante de la Comisión Interna de Vicentin y de la conducción del Sindicato de Aceiteros de Reconquista, Leandro "Peky" Monzón, aseguró sentir “alegría” tras haber escuchado del Presidente “que van a continuar las fuentes laborales” y que “se pare un poco la incertidumbre” en torno a la empresa.

El dirigente contó que la empresa adeuda el bono de fin de año y no cumplió con los acuerdos salariales de 2020 y precisó que el conflicto por salarios incluye “el aumento que salió a partir del 1 de mayo, la gratificación de fin de año y el retroactivo de abril a enero”.

Por su parte, el titular del gremio de aceiteros de Reconquista, Dionisio Alfonso, manifestó que la decisión del Gobierno generó “tranquilidad” en los trabajadores, que en los dos últimos años vivieron “mucha incertidumbre” en el proceso que llevó al concurso de acreedores de la empresa.

“La decisión nos brinda tranquilidad y esperamos que todo lo que está pasando llegue a buen puerto; como sindicato vemos estas medidas como una ayuda que viene bien”, dijo Alfonso.