Un exfuncionario de la empresa alemana Siemens se declaró culpable de haber desembolsado millonarios sobornos a funcionarios argentinos a fines de l. década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). para ganar un contrato de fabricación de documentos de identidad.

Eberhard Reichert, de 78 años, ex responsable técnico de una filial argentina de Siemens, reconoció este jueves haber desembolsado junto a otros ejecutivos de la empresa “100 millones de dólares en sobornos” a funcionarios del gobierno argentino para quedarse con este inmenso negocio de casi 1.000 millones de dólares, anunció el departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

Reichert, arrestado en Croacia en septiembre y extraditado a Estados Unidos, compareció ante una corte del sur de Manhattan.

Es el segundo exjerarca de Siemens que se declara culpable en el marco de este escándalo, casi tres años después de Andres Truppel, el exdirector financiero de la misma filial.

También hay procesos en curso contra otros seis exjerarcas de Siemens: Uriel Sharef, Herbert Steffen, Ulrich Bock, Stephan Signer, Carlos Sergi y Miguel Czysch.

La ley anticorrupción estadounidense permite a las autoridades iniciar procedimientos judiciales en todo el mundo contra una empresa acusada que tenga actividades en Estados Unidos.

Reichert reconoció ante la justicia que disimuló las coimas a través de empresas fachada y en depósitos en el paraíso fiscal d. Bahamas.

Su pena será decidida por un juez: Puede ser condenado con un máximo de cinco años de prisión, según el departamento de Justicia.

“Reichert ayudó a disimular decenas de millones de dólares en sobornos, que fueron desembolsados para obtener injustamente un lucrativo contrato del gobierno argentino”, denunció Geoffre. Berman, fiscal federal de Nueva York, citado en el comunicado.

“La declaración de culpabilidad obtenida hoy (jueves) muestra que estamos determinados a llevar a los corruptos ante la justicia”, agregó.

En 2008, Siemens pagó a Estados Unidos 800 millones de dólares de multas para saldar diferentes demandas por corrupción, incluido el caso argentino pero también hechos ocurridos en Bangladés y Venezuela.