El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) comunicó que elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de determinar si generaron perjuicios al Estado.

La entidad monetaria dio a conocer el pedido minutos después de que finalizara el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, en la que anunció que impulsará una "querella criminal" para investigar posibles delitos en el endeudamiento que tomó Mauricio Macri.

El BCRA pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.

Deuda: Cuál será la documentación evaluada

Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el Ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019".

También las actuaciones administrativas referenciadas y expedientes tramitados en el Banco Central que ya habían sido remitidos a fines de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación.

Sostienen que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.

Acuerdo con el FMI

El BCRA sostuvo que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico, que luego "se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el exMinisterio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo".

Según el Banco Central, el dictamen posterior a la firma "no se pronuncia sobre las cuestiones medulares" que hacen referencia a "si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características".

"En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión", afirmó el BCRA en un comunicado.

"La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante", aseguraron.