La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió hoy solicitar medidas de prueba para determinar si el juez federal Luis Rodríguez incurrió en mal desempeño de sus funciones a partir de la revelación de una testigo que afirmó que el magistrado recibió 10 millones de dólares para frenar una causa contra el ex presidente Néstor Kirchner.

A propuesta del presidente de la comisión, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, se decidió que las cinco denuncias presentadas contra Rodríguez se unifiquen en una misma investigación que llevará adelante el consejero por el ámbito académico y científico, Diego Molea.

Aprobada la moción de Pichetto, el abogado y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, presentó las medidas de prueba para investigar la conducta del juez federal, informaron fuentes vinculadas a la investigación.

Molea propuso solicitar movimientos bancarios del juez al Banco Central; sus transacciones con tarjetas de crédito y verificar si la Unidad de Información Financiera tiene informes de movimientos sospechosos que involucren a Rodríguez.

Además, el Consejo solicitará las declaraciones juradas presentadas desde su asunción como magistrado, que se cotejarán con los informes que se requerirán a los registros de automotores y de inmuebles.

En la misma línea de investigación patrimonial se solicitará a Migraciones que brinde el detalle de los ingresos y egresos del magistrado al país en los últimos cinco años, añadieron los informantes.

Esta serie de pedidos de rigor para toda investigación patrimonial se aprobaron luego de que se aceptara la propuesta del consejero Pablo Tonelli de extender esas medidas a la cónyuge de Rodríguez y de saldar una disidencia del consejero por los jueces, Juan Manuel Culotta.

El juez penal de Tres de Febrero señaló que en el pedido de las transacciones efectuadas con las tarjetas de crédito de Rodríguez se afecta el secreto bancario, con lo cual se necesita de la aprobación de un juez. La disidencia fue acompañada por el otro representante de los jueces en el Consejo, Alberto Lugones.

Molea respondió que en la investigación del camarista Eduardo Freiler se solicitó la misma medida sin la intervención de un juez y que por tanto la doctrina señala que no es necesaria la intervención de un juez para avanzar con las medidas financieras.

Las denuncias contra Rodríguez fueron presentadas por los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic; por el abogado Ricardo Monner Sans y por el presidente el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera.

Las presentaciones originales de los legisladores de la Coalición Cívica y de Monner Sanz están vinculadas a la causa 3867/16, que tramitó Rodríguez, hasta que el fiscal Carlos Stornelli solicitó a la Cámara Federal porteña que lo apartara por la demora en indagar y avanzar sobre el recupero de los bienes de Muñoz, fallecido en el 2016.

En cuanto a la denuncia de Lipera, está relacionada con la actuación del magistrado en dos causas: la que investiga a los herederos de Muñoz, y sobre la evolución patrimonial de Carlos Liuzzi, ex subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia durante la gestión kirchnerista.

Con la revelación de la testigo Carolina Pochetti, viuda del ex secretario del fallecido ex presidente Néstor Kirchner Daniel Muñoz, de un presunto pago de 10 millones de dólares al juez, los legisladores y Monner Sanz ampliaron sus denuncias para pedir que se investigue el supuesto cohecho.

Las fuentes dijeron que en principio la comisión no citará al magistrado para que efectúe su descargo pero no descartaron su comparecencia si la investigación del Consejo tiene resultados positivos o si la causa penal que investiga el presunto ilícito del juez tiene conclusión positiva.

Terminada la reunión de la comisión en el salón Lino Palacio del segundo piso del edificio de Libertad 731, Molea destacó la "celeridad" con que el Consejo reaccionó ante las denuncias y confirmó que se investigarán todos los hechos que contienen las presentaciones, desde enriquecimiento ilícito hasta cohecho.

La comisión tiene previsto volver a reunirse el próximo martes, a las 10, para evaluar la marcha de la instrucción.

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