La Procuración del Tesoro de la Nacional, a cargo de Carlos Zannini, presentó un recurso ante la jueza comercial Marta Cirulli para dejar sin efecto la suspensión de la quiebra de Correo Argentino S.A. del grupo Macri. 

El fallo dictado el miércoles pasado será revisado en el Tribunal de Apelaciones ante el pedido realizado por el subprocurador, Horacio Pedro Diez. En el documento enviado, el Estado solicita continuar con el proceso de quiebra al considerar que la apelación no puede postergar la liquidación de una fallida. 

Hasta que el caso sea revisado, el proceso se mantendrá en suspenso. "Me encuentro constreñida- por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido", señaló Cirulli luego de conceder la suspensión.

En tanto, Jaime Cibils Rabirosa, presidente de la empresa, pidió la "nulidad" del fallo que dictaminó la quiebra el 5 de julio pasado y exigió que "dicho recurso sea concedido en relación y con efecto suspensivo".

¿Por qué se dictó la quiebra de Correo Argentino?

La empresa que tiene como accionistas a miembros de la familia Macri se encontraba en salvataje luego de que se rechazara la presentación de un acuerdo preventivo y derivó en la quiebra firmada por la magistrada Cirulli ante la imposibilidad de encontrar un comprador o capitalizar la empresa. "El valor estimado del paquete accionario es cero”, indicó.

En esta línea, el principal acreedor de la deuda de Correo Argentino es el Estado nacional, el cual no presentó su conformidad ante la reestructuración de la deuda presentada por la empresa con un interés del 15% anual. "Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal", destacó el fallo.

Por último, el documento firmado por Cirulli aclaró que el Estado en ningún momento se presentó como un acreedor "hostil". "No se perciben -dentro del expediente- elementos que conduzcan a afirmar que el rechazo de la propuesta evidenciado por el Estado nacional no respondió a la defensa del interés público, aclaró.