La defensa pública que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la Gendarmería y la Prefectura en los últimos meses fue ratificada en varias oportunidades por el presidente Mauricio Macri, sin embargo en el Poder Ejecutivo nacional analizan ejercer un mayor control de las fuerzas de seguridad en futuros operativos.

El ascenso del gendarme Emmanuel Echazú, el único imputado en la causa en que se investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, es apenas una muestra de que desde la Casa Rosada insistirán con la política que Bullrich inició desde que arribó a la cartera de Seguridad en diciembre de 2015. No sólo destacan el accionar de la Gendarmería en el intento de desalojo a la comunidad mapuche de Cushamen sino también en la represión a los manifestantes que protestaron contra la reforma previsional frente al edificio del Parlamento.

Si bien en Balcarce 50 sostienen que en las dos últimas movilizaciones en la zona del Congreso los miembros de las fuerzas de seguridad "actuaron de manera correcta" y aseguran que sólo "hubo algún que otro hecho aislado que se trató con poco profesionalismo" -como es el caso de un grupo de policías que tiró gas pimienta y apaleó a un anciano que se encontraba en la vereda o el de un efectivo que pisó con su moto al cartonero Alejandro Gabriel Rosado-, un funcionario del Ejecutivo nacional confiesa que en la administración de la alianza Cambiemos evalúan "controlar un poco más a las distintas fuerzas".

Puertas adentro son un poco más críticos con el rol que cumplió la Prefectura en el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, donde el joven Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda con una bala 9mm que pertenece a un arma de esa fuerza; aún cuando la ministra de Seguridad en su momento dijo que le otorgaba "carácter de verdad" a "la versión de la Prefectura Naval Argentina" que afirmaba que quienes ocupaban las tierras estaban armados. Por estas horas, en el Gobierno nacional no descartan que la Justicia procese a algún prefecto de los ocho que están imputados en la investigación que lleva adelante el juez Gustavo Villanueva.

Según una fuente del Gabinete nacional, si finalmente para la Justicia algún o algunos prefectos resultaran responsables del asesinato de Nahuel, "se trataría del accionar solitario de un miembro de la Prefectura" y no de una política sistemática que se implementa por orden de la máxima autoridad del Ejecutivo nacional, como denuncian desde distintos sectores de la oposición.