Las denuncias de la ex empleada doméstica Sandra Heredia contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por haberla tenido en negro, y el reciente comunicado sindical con múltiples críticas a la administración de Mauricio Macri apenas generaron una mínima discusión interna en el Gobierno nacional sobre cómo continuar el vínculo con los sindicatos. Por el momento, ratificaron su decisión de impulsar la reforma laboral y fijar en 15% la suba salarial.

Las disculpas públicas del jefe de la cartera laboral sirvieron para calmar los ánimos sobre los insultos que le propinó a su ex empleada a través de whastapp, no así para cerrar el capítulo referido a que la mantuvo trabajando en la informalidad durante casi seis años y tampoco a su designación en el Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (SOMU). En la Casa Rosada especulan con que el tema se diluirá a lo largo de los diez días que Triaca este de vacaciones. "Estuvo muy mal. Pero ya le dio sus explicaciones al presidente", señaló un importante funcionario de Balcarce 50. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, hoy brindaría la postura oficial del gobierno sobre el tema a través de una entrevista.

Al igual que con el escándalo que involucra al ministro de Trabajo, en el Poder Ejecutivo nacional aseguran que el texto que respaldaron el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo; el líder de Camioneros, Hugo Moyano; los integrantes del triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña; y el referente de la Corriente Federal Sergio Palazzo no condiciona la decisión de Macri de jugar fuerte en la pulseada con los gremios para establecer la forma en que se discutirán este año las paritarias.

Desde el oficialismo están dispuestos a insistir en disciplinar al sindicalismo a través de una batería de medidas, que incluye no sólo la reforma laboral y un tope del 15% para el aumento salarial, sino también el decreto 52/2018 que pone fin a la paritaria nacional docente y recorta de manera sustancial la representación de CTERA en la mesa de negociación. A eso se suma, que un sector del gobierno apuesta a que las causas judiciales contra un puñado de sindicalistas ayuden a mantener en caja a más de uno por temor a terminar como el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo; el ex secretario general del SOMU, Omar Caballo Suárez, o el titular de la seccional de La Plata del sindicato de la construcción (UOCRA), Juan Pablo "Pata" Medina.

Mientras el listado de enemigos de la alianza Cambiemos lo encabezan Hugo y Pablo Moyano, investigados por la Justicia por presunto lavado de dinero, en el de los "dialoguistas" revistan Gerardo Martínez, de la UOCRA; Roberto Fernández, de Unión Tranviarios Automotor (UTA); y Luis Lingeri, de Obras Sanitarias; según fuentes gubernamentales. Sin embargo, desde el ministerio de Interior, que conduce Rogelio Frigerio, señalan que es imprescindible sumar a otros sindicalistas "más rebeldes" para garantizar la discusión de la reforma laboral que se pospuso para abril o mayo próximo y facilitar el apoyo de una parte del peronismo.

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Gabriela Vulcano

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