La Corte Suprema de Justicia comienza el 2025 con solo tres miembros, tras el retiro de Juan Carlos Maqueda, y en el Gobierno siguen evaluando cómo destrabar la designación de los jueces con el objetivo de llamar a extraordinarias en febrero para completar todas las vacantes. Aunque todavía las negociaciones siguen en un punto muerto, la prioridad es resolverlo durante este mes de enero para evitar nombrarlos por decreto, una opción que sigue sobre la mesa frente a la falta de consenso con el kirchnerismo del Senado.

Ante la consulta de BAE Negocios, un funcionario clave en las conversaciones por el nombramiento de los jueces aseguró este jueves que llamar a extraordinarias “es lo más probable, sin perjuicio de que haya algún acuerdo”. En Balcarce 50 remarcan que no solamente está en juego la Corte Suprema: también hay un tercio de jueces, fiscales y defensores públicos que siguen pendientes de ser designados. Era un tema que en la Casa Rosada definieron como prioritario ante la posibilidad de llamar a extraordinarias en diciembre del 2024, pero incluso en el amague de ser convocadas, no formaron parte del presunto temario.

La llave la tiene el kirchnerismo, pero se muestran inflexibles: “No vamos a movernos respecto a nuestros candidatos. Después, podemos negociar y dialogar todo”, ratificaron las fuentes, en relación al pedido de ampliación de la Corte que puso sobre la mesa Unión por la Patria. En ese sentido, en la cúpula libertaria admiten que las conversaciones empezaron mal desde el vamos.

La bancada de 33 -próximamente 34 con el reemplazo de Edgardo Kueider, la senadora de La Cámpora Stefania Cora- que conduce el senador José Mayans plantea proponer una juez mujer en lugar de García Mansilla, el segundo pliego que envió Javier Milei junto con Ariel Lijo. La candidata que resuena es Marilyn Sacnun: “Si mandan a una mujer les votamos todo en dos minutos”, había dicho un senador peronista hace meses atrás. La situación hoy sigue siendo la misma: nadie cede.

La carta de negociación que ponen en juego en Casa Rosada, según pudo saber este medio, es evaluar la posibilidad de ampliar la Corte Suprema -algo que el mismo jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó como un deseo propio de gestión- siempre y cuando se aseguren los dos pliegos primero. También tiran en la mesa al Defensor del Pueblo. Todo es negociable mientras aprueben sus dos candidatos juntos: el desacuerdo en UxP no es por Lijo -que ya tiene dictamen-, sino por Mansilla, pero el Gobierno se mantiene firme en que sean los dos o ninguno.

Mientras que no haya acuerdo, la Corte Suprema deberá resolver la falta de mayoría con un conjuez, el presidente de una Cámara Federal que se sortea y que, según la acordada que emitieron los Supremos semanas atrás, tendrá un proceso más ágil de sustitución. Esto se dará puesto que hace falta tres magistrados en concordancia para conseguir una mayoría y Ricardo Lorenzetti suele fallar en disidencia de Horacio Rossati y Carlos Rosenkratz.

El Gobierno necesita de los dos tercios del Senado para poder avanzar con la designación de los jueces, lo cual es imposible de conseguir sin los K. La opción B es ir por decreto: ya lo tienen escrito, según confesaron funcionarios, pero quieren evitar ir por ese camino porque se exponen a que los pliegos sean rechazados -algo que Mayans anticipó que haría si ese es el caso-. Tienen para ganar “un año legislativo asegurado de fallos a su favor”, según interpretaron de un despacho en Casa Rosada.