Ante el reclamo de los movimientos sociales y el pedido formal de la CGT para que se declare la emergencia alimentaria, en el Poder Ejecutivo nacional trabajan a contrarreloj para desactivar las protestas callejeras, que se intensificaron en los últimos días tras la última corrida cambiaria y la consecuente suba de precios de los alimentos de la canasta básica.

En medio del contexto electoral y la crisis económica que el oficialismo arrastra desde el año pasado y que se intensificó después de las PASO, en la administración central reconocen que no hay margen para desoír los pedidos de los representantes de los trabajadores y de los sectores más vulnerables. Para evitar que se profundice la tensión social, como un primer paso, el presidente Mauricio Macri habilitó a sus legisladores a que debatan en el Congreso el proyecto de emergencia alimentaria, que impulsan desde distintos bloques opositores; aún cuando en la Casa Rosada sostienen que la oposición "está haciendo un uso político" de ese tema y que todavía resta saber "de dónde y cómo van a reasignar partidas".

"No vamos a trabar el tratamiento del proyecto y si se aprueba, Mauricio no lo vetará", dijo a BAE Negocios un funcionario de extrema confianza del mandatario. Incluso, no descartó que el bloque oficialista acompañe con su voto la iniciativa opositora.

Al mediodía, Macri abordó la problemática de la emergencia alimentaria en su despacho con los ministros Dante Sica, de Producción y Trabajo; y Carolina Stanley, de Desarrollo Social; quienes además le detallaron el encuentro que habían mantenido el lunes pasado con la conducción de la CGT. Luego, por la tarde, volvieron a reunirse y, además, se sumaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

Si bien quieren esperar a que se conozca el nuevo índice de inflación, que se publicará mañana, y avanzar un poco más en las negociaciones con empresarios -sobre todo porque desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) ya expresaron su rechazo a la propuesta del gobierno-, en el Ejecutivo nacional confirmaron que habrá un bono que rondaría los 5 mil pesos para los trabajadores del sector privado, como prometieron hace dos días a los gremialistas Héctor Daer, Carlos Acuña, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri y Antonio Caló.

"El salto inflacionario que estamos sufriendo producto de la devaluación después de las PASO está generando bastante inquietud por la pérdida de salario real", señaló Sica en declaraciones a la radio La Red. Y añadió que se empezó "a conversar la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la administración estatal".

Otra de las medidas que adoptarán en el gobierno de la alianza Cambiemos -según fuentes gubernamentales y cegetistas- es extender la tarjeta alimentaria a los trabajadores despedidos, sin embargo por el momento no está definido cuál sería el monto ni el número de beneficiarios.

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