En el Gobierno celebraron ayer lo que hasta hace unos días consideraban innecesario. Aunque insisten con que la oposición buscó llevar la discusión sobre la pobreza y el hambre al ámbito parlamentario para obtener algún rédito político en medio de la campaña electoral, creen que con la aprobación del proyecto de ley de emergencia alimentaria conseguirán neutralizar los reclamos de los movimientos sociales y bajar el nivel de conflictividad en la escena pública.

Con la estabilización del dólar y el crecimiento de las protestas de los sectores más vulnerables, la preocupación del oficialismo, en especial del ala más peronista, estuvo puesta en buscar el modo de desactivar las marchas y movilizaciones en las calles. Después de algunas vacilaciones, el presidente Mauricio Macri encontró en el debate propuesto por la oposición la posibilidad de alcanzar ese objetivo, aunque algunos en la alianza Juntos por el Cambio se mostraron más cautelosos sobre la efectividad que tendrá la iniciativa que contempla un incremento de emergencia del 50 por ciento de las partidas presupuestarias para programas de alimentación.

"Esperemos que ahora con la Emergencia Alimentaria se terminen los reclamos de los piqueteros y baje el conflicto social", señaló a BAE Negocios un funcionario muy cercano al jefe de Estado, un rato después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto impulsado por distintos bloques opositores y de que el Indec difundiera la inflación de agosto, que llegó al 4%.

La decisión de que los legisladores oficialistas acompañen con su voto a la oposición -también lo harían en el Senado el miércoles próximo- no sólo se basó en la necesidad de frenar los reclamos callejeros, sino también con el objetivo de sacar del centro del debate la cuestión de la pobreza, cuando sólo faltan 45 días para las elecciones generales. "Había poco margen de maniobra para no apoyar cuando toda la oposición se juntó. Si no lo hacíamos, quedábamos muy expuestos", apuntó una fuente de la Casa Rosada.

El único reparo que tenían en el Ejecutivo nacional cuando empezó a tomar forma el pedido de las organizaciones sociales, la CGT, la Iglesia y la oposición para que se declarara la Emergencia Alimentaria era que no se creara un gasto adicional. Finalmente, el Presidente dio vía libre a sus diputados y senadores para avanzar en la votación una vez que en el texto del proyecto quedó explicitado que se reasignarían partidas presupuestarias para financiar el programa.

"En el Gobierno esperan que se desinflen las protestas pero puede que eso no pase porque hay divisiones entre los movimientos sociales", dijeron desde el interbloque de diputados de Cambiemos, en alusión al acampe que hay frente al ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, a la espera de que el Gobierno envíe más alimentos a los comedores populares y que se reabran los planes sociales, entre otras cuestiones.

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