El Gobierno cree tener casi cerrado el aval del Congreso para el acuerdo por el Presupuesto 2019 con el que pretende reducir el déficit fiscal al 1,3% del PBI. Confía en contar con el apoyo de una mayoría de gobernadores, aunque obligue a María Eugenia Vidal a hacer nuevas cuentas para la provincia de Buenos Aires. 

Todo comenzará a resolverse el próximo lunes cuando el Presupuesto 2019 ingrese a la Cámara de Diputados, pero el macrismo es optimista sobre el eventual respaldo de 20 de los 24 gobernadores, es decir, todos menos el grupo de los más duros con la Casa Rosada que integran el pampeano Carlos Verna, el formoseño Gildo Insfrán, el puntano Alberto Rodríguez Saá y la santacruceña Alicia Kirchner.

En el Senado, en tanto, dan por descontado que la pelea real será en Diputados y que, si el Presupuesto pasa de allí, aún los muy influyentes Verna e Insfrán se niegan a apoyar, el Presupuesto 2019 pasaría sin problemas.

El trámite express pretendido por el oficialismo sería una buena señal de gobernabilidad para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para los mercados, en una semana complicada por el vencimiento de Lebacs.

La prenda de cambio con los gobernadores serán el subsidio al transporte, que sólo funciona en la zona metropolitana que comparten la provincia y ciudad de Buenos Aires, y los costos de lo que queda de los subsidios de los servicios públicos, que pasaran de Nación a los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y Vidal.

La gobernadora bonaerense, que carga con la responsabilidad de ir por un segundo mandato, evalúa la posibilidad de tomar deuda en el exterior para suplir, al menos, una parte del ajuste que deberá afrontar en un año electoral.

Vidal necesita que el ajuste presupuestario no le salga tan caro como los gobernadores peronistas pretenden: la transferencia de Aysa, Edenor, Edesur y los subsidios al transporte. La gobernadora podrá hacerse cargo del control de las compañías proveedoras de energía eléctrica Edenor y Edesur y el costo de la tarifa social de Aysa, algo que quedó plasmado en un pre acuerdo al que llegó con la Casa Rosada.

Además, Nación les traspasará tanto a Provincia como a la Ciudad de Buenos Aires las subvenciones al transporte. En ese caso, el ahorro que la administración central podría hacer no es para nada despreciable, en especial si se tiene en cuenta que destina anualmente $36.000 millones a los colectivos y $12.000 millones a los trenes, es decir, un total de $48.000 millones.

Para compensar las pérdidas, la mandataria bonaerense intentará que se actualice por inflación el Fondo del Conurbano, una conquista celebrada el año pasado tras conocer que recibiría de allí 40 mil millones de pesos este año y 65 mil millones para el próximo que la escalada inflacionaria licuó.

La otra alternativa que parece segura es la toma de deuda: "Hay que mostrar gestión, si queremos que María Eugenia gane nuevamente; así que si nos piden que nos hagamos cargo de los subsidios al transporte, no nos va a quedar otra que tomar deuda", señaló a BAE Negocios un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires.