En medio de la disputa judicial entre Nación y Chubut por la coparticipación, el Gobierno presentó un planteo de inhibitoria del Juzgado Federal de Rawson ante la Corte Suprema de Justicia por la causa que encuadra la eliminación del subsidio nacional al transporte público. "Es la primera de una batería de medidas para frenar la gravedad institucional sin precedentes de los fallos vistos hasta ahora", le aseguraron fuentes de la Procuración del Tesoro a BAE Negocios, y anticiparon que acto siguiente presentarán el per sáltum para apelar el fallo ante el máximo tribunal.

La inhibitoria se introduce en el marco del fallo del Juzgado Federal N°1 de Rawson, Secretaría Civil y Comercial N°1, que habilitó la medida autosatisfactiva solicitada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para que Nación "se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior, con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros" en la provincia.

El litigio plantea, en esencia, que el caso pase a la Corte, ya que el tribunal federal no es competente ante la causa. La Constitución Nacional establece que los compromisos entre Provincia y Nación, y por ende la distribución de subsidios y las políticas económicas a nivel nacional, corresponden exclusivamente a la jurisdicción del Supremo, según alegan en el escrito. Aparte, presentarán la apelación de la medida también ante la Corte.

Se trata de una de las guerras judiciales que mantiene el Estado Nacional y la provincia. Por un lado, este proceso refiere a la demanda de Torres ante la Secretaría de Transporte del PEN por eliminar el subsidio al transporte del Fondo Compensador del Interior. La otra, también con sentencia del mismo juzgado, es por la retención de la coparticipación ante la deuda con el Fondo para el Desarrollo Provincial.

"Los fallos vistos hasta ahora atentan no solo contra el mismo sistema de financiamiento a las provincias, sino contra la libertad de poderes en sí misma", agregaron las fuentes de la Procuración.

Quita de subsidios al transporte: el Gobierno planteó la inhibitoria ante la CSJ

La denuncia presentada por Torres argumentó que la competencia de la justicia federal para intervenir en la causa se hallaba justificada en razón de que "lo que se encuentra en discusión son los recursos financieros destinados al transporte público comprometidos por el Estado Nacional, en virtud de los Convenios suscriptos en el marco del federalismo de concertación, con apoyatura de modo directo e inmediato en normas de carácter federal".

En el escrito de 33 páginas, al que accedió este medio, denunciaron la vulneración del sistema republicano y plantearon una medida autosatisfactiva para que el juez ordene de manera urgente e inmediata una solución. Las medidas de este tipo, así como también lo son las cautelares, suponen un peligro en la demora y, por lo tanto, las sentencias judiciales no toman en consideración la defensa de la otra parte.

El juez Hugo Ricardo Sastre resolvió hacer lugar al pedido de Chubut en cuanto supone que la decisión del Gobierno nacional "ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros, que no podrán quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura, como lo es la súbita quita de subsidios", expresa el fallo dictado el 26 de febrero.

Mediante el pedido de inhibitoria, el Gobierno argumentó que la medida "implica afectar el principio de división de poderes y la imposición de una limitación a las facultades del Poder Ejecutivo para que este pueda llevar a cabo las políticas económicas que entienda más convenientes para el beneficio de la comunidad en su totalidad".

En esa línea, la Procuración asegura que existe una "evidente gravedad institucional, siendo que se encuentra afectado directamente el interés público y la división de poderes". En la denuncia de Torres, este punto es admitido, en cuanto aseguran que la quita de subsidios "significa contravenir el interés público que se tuvo en miras en su implantación".

"Resulta evidente que la Corte Suprema de Justicia resulta competente en forma originaria para entender en el asunto", remarcó el Gobierno. Acto seguido, citó el criterio del máximo tribunal: "Cuando la alegada conducta de las autoridades provinciales invade un ámbito que podría ser considerado propio de la Nación, se versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las provincias argentinas y el gobierno federal; si a ello se une que la inconstitucionalidad de las leyes y decretos constituye una típica cuestión federal, la competencia originaria de la Corte para entender la acción queda confirmada".

Además, alegaron que en el convenio con Chubut, en la cláusula décima, firmaron que "el fuero judicial competente en caso de conflicto o incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, resulta ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria, para dirimir eventuales conflictos suscitados entre el Ministerio de Transporte y las provincias".

En ese sentido, destacaron que "fue la propia provincia de Chubut quien acordó que cualquier reclamo que pudiera suscitarse en el marco del Fondo Compensador sería sometido ante la Corte Suprema".

Inhibitoria del Gobierno: texto completo

Denuncia de Ignacio Torres por la quita de subsidios: texto completo