La Federación de Trabajadores de Sanidad (Fatsa) desarrolló este viernes paros de 3 horas por turno en todo el país y se aprestaba a debatir una huelga de 24 horas para el martes.

Reclaman el cierre de la paritaria 2020 del sector, ante el rechazo patronal de completar el convenio salarial con una mejora del 16%. El cotitular de la CGT y referente sindical de Sanidad Héctor Daer consideró que la adhesión al plan de lucha había sido "ejemplar y contundente" y conocida la tregua obligada por el Gobierno reinvindicó los motivos que llevaron primero a las asambleas en los lugares de trabajo el jueves y los paros del viernes.

En efecto, la cartera laboral impuso la conciliación por 15 días hábiles y fijó audiencia para el martes 30 a las 11, de la misma  participarán las organizaciones gremiales, empresarios y funcionarios de la cartera laboral.

La resolución exhortó "a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas". La resolución de la cartera laboral también comunicó la decisión de: "Convocar a las partes a una audiencia, en el marco del presente conflicto, para el día martes 30 de marzo de 2021 a las 11:00 horas, en Alem N° 628, piso 3 CABA".

Más allá de todo el contexto legal de la puja, el trasfondo del conflicto tiene raíces políticas en la Casa Rosada, presión empresaria para el incremento de prestaciones y a los trabajadores reclamando su paritaria vencida, en medio de la pandemia, algo más que una paradoja.

Desde la mañana y avanzada la tarde los paros tuvieron adhesión de los trabajadores de todo el país como lo reseñaron desde Fatsa y Atsa, recalcando en ocasión que el reclamo salarial está cifrado en la Paritaria 2020, bajo la aseveración de que "los trabajadores sanitarios en pandemia, cada vez trabajamos más y cobramos menos" desde el gremio.

Contexto tripartito

 

Como anticipó BAE Negocios la situación planteada en medio de la Crisis Covid-19 para los trabajadores de salud no hace sólo a la puja salarial entre empleadores y gremio, el Gobierno tiene su porción de injerencia en el agravamiento del conflicto, por razones "presupuestarias y políticas", apuntaron fuentes empresarias de Fatsa y Atsa durante semanas.

Por un lado las empresas de salud admiten que todavía no abonaron el 15% correspondiente a los sueldos de 2020 pero ofrecen argumentos. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (Faps) detallan que en pleno desarrollo de la crisis Covid-19 tienen un "retraso en los valores de las prestaciones", como que la situación de muchas prestadoras está "al límite de la subsistencia".

A la hora de sumar porcentajes contables a sus dichos consideran que el retraso arancelario de prestaciones ya superó el 55%.

En la mensura empresaria, con números que también analiza la dirigencia sindical, el rol del Estado aparece "pendiente de una necesaria reacción" frente a decisiones políticas tomadas.

Como ejemplo detallan el incremento del presupuesto del PAMI por encima de otras áreas de salud, incluso superando el monto de fondos del servicio de jubilados y pensionados a lo asignado para el sistema de obras sociales sindicales, "se trata de datos, no de interpretaciones", deslizaron fuentes empresariales y gremiales a este diario.

Posición sindical

El comunicado que emitió la Fatsa, una vez conocida la tregua fijada por 15 días por la cartera laboral corrobora el nudo tripartito que potencia el conflicto, en cuanto a Gobierno, empresas y gremios. "Aceptamos con responsabilidad lo resuelto por la autoridad de aplicación, pero consideramos que la medida dispuesta es injusta e inapropiada dado el tiempo que llevamos negociando de buena fe ante la falta de propuestas del sector empresario", reseñaron.

Fatsa y Atsa encumeraron también "innumerables audiencias privadas en el ámbito del ministerio, presenciales y virutales, gestionamos ante autoridades nacionales, provinciales y distintos financiadores del sistema de salud para que se involucren en la solucón de los problemas del sector y no hemos obtenido respuestas".


 

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