Luego de que trascendiera que la Justicia rechazaría mediante una acordada tres decretos simples a través de los cuales se buscaba modificar las reglas electorales, finalmente el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con dos de las resoluciones, posponiendo su aplicación para los comicios de 2021.

En el mes de enero, el Poder Ejecutivo tomó una serie de resoluciones que incluían tres decretos -45, 54 y 55/19-, mediante los cuales buscaba convocar a elecciones separadas tanto para los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, como para las personas privadas de su libertad y las fuerzas de seguridad abocadas a custodiar los comicios.

Por entonces, a través de su apoderado, Jorge Landau, el PJ nacional presentó una nota al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pidiendo explicaciones y exigiendo la convocatoria al Consejo de Seguimiento de Procesos Electorales.

El 22 de febrero, el Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, convocó a los apoderados de todas las fuerzas políticas a una reunión donde informó sobre una batería de medidas electorales que incluían la contratación e implementación de un nuevo sistema mediante el escaneo de telegramas para llevar adelante el conteo de los votos desde cada escuela, así como también, el contenido de los decretos mencionados, que daban cuenta sobre la votación de los residentes en el exterior, los presos y las fuerzas de seguridad.

Los anuncios dieron paso al rechazo generalizado de los representantes de los partidos políticos, lo que derivó en una convocatoria de la Cámara Nacional Electoral donde sus integrantes, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, se comprometieron a emitir una acordada en la que dejarán en claro que no se tocarían las reglas que el Código Electoral exige para los comicios.

El último lunes, y anticipándose a la resolución de la Cámara Electoral, el Poder Ejecutivo dio a conocer en el Boletín Oficial el decreto 233/19, en el que entre otras cosas, consideró "pertinente disponer" que los decretos simples 54 y 55/19 "sean de aplicación a partir de los próximos comicios del año 2021".

"El Partido Justicialista a nivel nacional está demandando la inconstitucionalidad de los tres decretos, lo cual se está sustanciando en el juzgado de María Romilda Servini, y en este momento hay un traslado al Ejecutivo nacional que tiene que responder", precisó ante la consulta de este diario, Landau, quien también se mostró preocupado por la vigencia del decreto sobre voto de extranjeros, que involucra "un universo de 360 mil personas, cifra que tranquilamente puede definir una elección".

El apoderado del justicialismo anticipó que en las próximas horas realizará una presentación ante el Ejecutivo nacional pidiéndole detalles respecto al software y el hardware "que piensa utilizar en la transmisión de los resultados, para después ver cómo avanzamos con el tema".

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