En la misma semana que se convertirá en Ley la Emergencia Alimentaria, el Gobierno muestra el malestar que generas los piquetes de las organizaciones sociales, récord en el mes de agosto pasado con igual intensidad en septiembre.

El macrismo cedió a la presión de la oposición y social al decidir apoyar el proyecto que redistribuye las asignaciones de alimentos y extiende la emergencia hasta 2023. Sin embargo ve que detrás de las manifestaciones hay un sector de los piqueteros que persiguen “cuestiones políticas”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó las movilizaciones de las organizaciones en las calles porque “afecta al trabajo y el tránsito”. En una conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete, el funcionario consideró que los piquetes “no son una solución”. La proximidad de las elecciones recaliente el clima de enojo social en la calle y el Gobierno busca contenerlo con alguna manera a través del diálogo. “Con extorsiones no se puede avanzar en las negociaciones. No es planes o acampe. Eso es imposible”, explicaron fuentes de Desarrollo Social.

Aunque no es parte del Gobierno, el candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, fue uno de los más críticos con los piqueteros cuando los acusó de “no laburar” y ser “parte del endeudamiento de la Argentina”. Incluso el candidato opositor, Alberto Fernández, había pedido que liberen las calles. En Balcarce 50 creen que “hay un abuso de las manifestaciones” más allá del reclamo.

Las organizaciones sociales anunciaron otra semana protestas como continuidad del plan de lucha iniciada hace varias semanas que incluyó un acampe de 48 horas frente al ministerio de Desarrollo Social en la Avenida 9 de Julio. Los cortes seguirán esta semana. Están previstos desde este martes, y el miércoles habrá movilizaciones al Congreso de la Nación donde se debatirá la Ley de Emergencia Alimentaria.

Combustibles
El Gobierno no sólo está preocupado por la convulsión social sino también por cuestiones que podrían complicar el voto de la clase media. La disparada del precio de combustible internacional replanteó una decisión oficial del congelamiento por 90 días. La Rosada reconoció que analizan el impacto que tendrá el aumento del petróleo a nivel mundial que provoca un atraso del valor de los precios a nivel local. “Quedamos en ver cómo es la evolución del precio esta semana”, explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Si bien no descartan un aumento a futuro, justificaron que la decisión de frenar los aumentos en las naftas tuvo que ver con “los desequilibrios económicos que se generaron tras las PASO”. “Fue un shock externo y hay que ver como evoluciona el precio de comestible y ver si hay que tomar una medida”, afirmó el funcionario imputado por el juez Sebastián Casello en una investigación por la concesión de peajes. Sobre la causa judicial, el ministro recalcó el “el nivel de transparencia de la obra pública de la gestión actual es inédito” y sentenció que “ espera una justicia independencia que no se politice”.

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