El Gobierno envió al Senado el "proyecto de ley de emergencia Covid", que establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos a tener en cuenta para definir las acciones de mitigación viral y determina las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar "medidas de cuidado de la población".

La iniciativa elaborada por la Casa Rosada recupera el esquema de riesgo epidemiológico ya plasmado en los últimos dos decretos, que permite segmentar de acuerdo con la situación sanitaria actual y de los últimos catorce días en un espacio sociodemográfico determinado.

La Casa Rosada insiste con la posibilidad de que el debate parlamentario genere cambios en el proyecto, en el marco de un "diálogo siempre buscado" con la oposición.

La iniciativa del Ejecutivo propone reglas generales para todo el país y luego establece la segmentación por riesgo epidemiológico.

En las zonas de bajo riesgo, "se aplican las conductas generales de prevención". Luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan, entre otros puntos, la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.

En lugares designados como "riesgo medio", aparecen otras restricciones, como las reuniones en casas particulares.

En aquellos que estén en "alto riesgo, se agrega por ley la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de los salones de fiesta y de los salones gastronómicos, las prácticas recreativas en lugares cerrados, los bingos, las reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación".

"También se plantean medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras veintiún días, se da potestad al Gobierno para tomar medidas para evitar pasar a alerta", señalaron las fuentes.

El "estado de alarma" es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario. "Ante ese escenario, se adoptan las siguientes medidas: cierres de ferias y shoppings y circulación limitada a partir de las 20", señalaron las fuentes gubernamentales.

En esa situación es "el Poder Ejecutivo quien está autorizado a tomar medidas adicionales", entre ellas, que "quede suspendida la presencialidad hasta que se pase a un estado inferior" de peligro.

Según el proyecto, el "estado de alarma" solo puede regir para conglomerados de más de 300.000 habitantes.

Las medidas excepcionales deberán disponerse de manera "razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores y con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Sobre posibles incumplimientos o judicializaciones de la futura ley, desde la Casa Rosada insistieron en la fortaleza que se conseguirá con el debate parlamentario.

Además, destacaron que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización, mientras que las del Poder Ejecutivo "se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales"

El Gobierno prevé un tratamiento urgente, ya que pretende la entrada en vigencia "desde el 22 de mayo", fecha de caducidad del actual DNU, y que su duración alcance hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en que vence la actual Ley de Emergencia Sanitaria.

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Gabriela Vulcano

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