El Gobierno defendió el decreto que modifica el rol de las Fuerzas Armadas y subrayó que "de ninguna manera" se dedicarán a hacer "seguridad interior", al tiempo que instó a sacar a los miembros de las instituciones castrenses "del rincón" porque "no se los puede condenar eternamente" por la dictadura militar.

"De ninguna manera se está planteando que las Fuerzas Armadas hagan seguridad interior, que está prohibido por ley", sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete en Casa Rosada, el ministro coordinador rechazó las críticas de la oposición y de organismos de derechos humanos respecto de las modificaciones introducidas por el Decreto 683/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial.

"Es un disparate cualquier hipótesis que se plantea con esa visión conspirativa paranoica de que se quieren usar las fuerzas armadas para tareas de represión social. No tiene ningún fundamento", manifestó el funcionario nacional, quien le pidió a los dirigentes opositores que "lean el decreto" y se quejó de que "muchos reaccionaron sin tener claridad de lo que estaban hablando".

Y agregó: "Hay que tener tranquilidad y responsabilidad, dar vuelta la pagina y darle tareas concretas a más de 70 mil personas sin agitar las cuestiones del pasado".

Por su parte, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, expresó que al Gobierno "no se le ocurrió jamás pensar en una hipótesis" de utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ya que recordó que "ese es un problema de las fuerzas de seguridad".

"No está previsto que la presencia militar en las fronteras sustituya a la Gendarmería. Lo que está previsto en la frontera es evitar que grupos, fundamentalmente narcotráfico y terrorismo internacional, se asienten en territorio argentino", aclaró.

Y añadió: "Hay muchas poblaciones vulnerables en el norte del país. Vamos a trabajar sobre esas poblaciones y la consigna es tratar de evitar que grupos de esta naturaleza se asienten en territorio argentino".

En el mismo sentido se expresó su par de Seguridad, Patricia Bullrich, que subrayó que "no va a haber ningún militar en ninguna calle de ninguna ciudad del país".

"Es hora de sacar a las Fuerzas Armadas del rincón. Tienen una culpabilidad eterna y se las ha estigmatizado. Lo que hace el Presidente es decir así como todos entramos en la democracia, lo mismo tenemos que hacer con las Fuerzas. No podemos condenarlas eternamente" por las dictaduras militares, consideró la funcionaria nacional, que insistió en que "está absolutamente descartado que se utilicen (uniformados castrenses) para seguridad interior".

Al igual que Peña, la integrante del Gabinete también relativizó las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos al decreto: "No tenemos que responder a lo que dicen los otros, sino responderle a la sociedad que las Fuerzas Armadas tienen un lugar en la Argentina", agregó.