El Gobierno rechazó la marcha universitaria: "No hay pobreza en esos sectores"
Para el Gobierno, las universidades "no se dejan auditar" y apuntó sobre los estudiantes extranjeros
El Ministerio de Capital Humano se plantó frente a la marcha universitaria. Según la cartera que conduce Sandra Pettovello, es una movilización que "responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo".
La marcha federal universitaria tiene una segunda edición, tras la primera que se desarrolló a principios de año. Ambas se sustentan bajo el mismo reclamo: el financiamiento de las universidades. Según el informe de una consultora privada, las transferencias a las universidades cayeron un 29%.
En el medio de la tensión entre el Gobierno y las universidades, el secretario de Educación, Carlos Torendell, dijo que las entidades educativas "inventan alumnos" para cobrar fondos.
El Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado en la previa a la segunda marcha federal universitaria. Para la cartera, el conflicto responde "más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo" porque los reclamos "están atendidos y resueltos".
Bajo el título "estamos a favor de la educación universitaria", el Gobierno se posicionó frente a la movilización de este miércoles que, se espera, será igual de multitudinaria que la primera. Además, aclaró que el Ministerio "nunca desfinanció la educación universitaria pública" y que el "compromiso que el Gobierno tiene con la universidad se mantiene firme". "Simplemente, se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron", dice el documento.
El reclamo de las universidades propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023, según la inflación acumulada en 2024, que es 211,4%. Frente a este panorama, el Congreso se propuso debatir una ley de financiamiento universitario. Sin embargo, el presidente Javier Milei adelantó que lo vetará en caso de aprobarse.
En el comunicado difundido, Capital Humano aclaró que "se asignaron más de $192.000 millones, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%)".
El Gobierno también indicó que las universidades "no se dejan auditar" y aseguraron que "no rindieron cuentas de manera adecuada". También apuntó en contra del "costo de los estudiantes extranjeros", que "generan una carga adicional para el sistema universitario público".
