La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, firmó una resolución para limitar "al mínimo" las actuaciones de ese organismo como auxiliar de la Justicia Federal. La decisión se produce en el marco de la intervención del organismo que determinó el presidente Alberto Fernández al iniciar su gestión y que comenzó el pasado 21 de diciembre.

El documento, que según supo NA será publicado mañana en el Boletín Oficial, asegura que la AFI debe "orientar sus esfuerzos al cumplimiento de sus funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referido a los delitos federales complejos y contra los poderes públicos y el poder constitucional".

"Por todo ello, resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta Agencia Federal de Inteligencia y, por ende, su participación como auxiliar en las causa judiciales, competencias éstas además propias de otros organismos estatales", establece la medida.

Además, por pedido de la interventora, las participaciones del organismo en causas judiciales deben "ceñirse exclusivamente a las materias propias de esta Agencia, como ser terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional".

La resolución tiene cinco artículos y, además del límite a la asistencia a la Justicia, le comunica "a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resulto, a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención" del organismo en los casos que lleven adelante.

La AFI también le informa de los cambios a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuración General de la Nación.

La investigación del atentado a la AMIA

Cajas con documentación, escuchas y videos que forman parte de la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, y que habían sido desclasificados en 2015 fueron encontrados en virtual estado de abandono en un edificio de la AFI, apenas asumieron las nuevas autoridades comandadas por Caamaño, hoy a cargo de quien estuvo al frente de la Oficina de Observaciones Judiciales encargada de las escuchas por parte de la Corte Suprema.

El dato fue revelado por el diario Perfil el 13 de enero, en una nota en la que detalla que se trata de 2.000 cajas de papeles y 5.000 escuchas en cassettes y videos en VHS, y que la nueva titular de la AFI tomó esta semana contacto con ese material.

Hace 5 años, el decreto 395 dictado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó distintos documentos para que puedan ser analizados por la UFI-AMIA, que ahora están en un edificio porteño que, por razones de seguridad, no puede ser develado.

Una vez desclasificados, la UFI AMIA -a cargo de Sebastián Basso, Santiago Eyherabide y Roberto Salum- digitalizó parte de esa documentación, pero esa tarea está lejos de estar completa.

Camaño deberá verificar ahora el estado de esas pruebas, analizar si fueron dañadas y, eventualmente, decidir su mudanza a otro lugar en el que estén mejor conservadas y protegidas.

Fernández de Kirchner aportó la documentación de los servicios en marzo de 2015, unos meses después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, por entonces al mando de la Unidad Fiscal AMIA. Nisman acusaba a la mandataria, a otros funcionarios y a dirigentes cercanos al gobierno de encubrir a los autores del atentado a partir de un acuerdo firmado con Irán.

Dos años después, también el expresidente Mauricio Macri firmó un decreto para que se desclasifique información secreta sobre el atentado que dejó 85 muertos.