El Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial la recompensa para diez criminales de la última Dictadura Militar de los cuales se desconoce su paradero y hasta en un caso, presentó un certificado de defunción objetado por la Justicia para lograr eludir su condena.

El monto por aportar “datos útiles mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente”, que lleven a encontrar a los represores es de cinco millones de pesos en total y de $500.000 por cada uno con vigencia por el próximo año.

La medida fue publicada mediante la Resolución 433/2020 firmada por la ministra de la cartera, Sabrina Frederic, y precisa que las personas que sepan algo, "deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia".

Los represores buscados son Carlos Alberto Arroyo, José Luis Piedra, Horacio González Llanos, Fernando Federico Delgado, Juan Carlos Linarez, Héctor Mario Schwab, Jorge Raúl Vildoza, Ángel Ervino Spada, Miguel Ángel García Moreno y Juan Carlos Vázquez Sarmiento: algunos estuvieron detenidos y se fugaron de distintos establecimientos penitenciarios.

En el caso de Vildoza, capitán de navío que fue jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), su esposa presentó en 2012 un certificado de defunción emitido en Sudáfrica siete años antes.

La mujer declaró ante la juez María Romilda Servini que el represor había sido cremado en Ciudad del Cabo, por lo que la magistrada envió a un perito de la Policía Federal para corroborar la información: el especialista descubrió que las huellas digitales que figuraban en el certificado de defunción no eran de Vildoza.