Pese a que el tema parece cosa juzgada, el gobierno apelará "hasta último momento" al diálogo con los sectores opositores para evitar la aprobación de la ley contra el tarifazo. El proyecto que busca retrotraer el precio de las tarifas de los servicios públicos cuenta con los votos necesarios de los senadores para la sanción definitiva después de ser aprobada por la Cámara de Diputados. Ayer fue el tema excluyente durante la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

"Lo importante es escuchar, dialogar y debatir y evitar que demos una mala señal y que sea un retroceso en materia de credibilidad", aseguró ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la salida del encuentro.

El Ejecutivo volvió a ratificar la intención de continuar las conversaciones con los opositores en busca de un proyecto consensuado. Una de las alternativas que se manejaban en las últimas horas apunta a tratar de estirar la discusión en el Congreso con la introducción de cambios en la iniciativa original lo cual debería volver a revisión a Diputados. "Está complejo. Hay viento en contra", analizaron en Balcarce 50.

Peña pidió alternativas "realistas y responsables" dentro del marco de la Constitución. El argumento sigue en la misma línea que emitió Macri en el mensaje grabado del lunes cuando reclamó a los legisladores que "no voten una ley inconstitucional". "Queremos ser realistas y los recursos son los que existen", refutó el jefe de ministros sobre el costo fiscal que implicará la aprobación de la norma.

Después de que el Presidente mencionó al kirchnerismo como responsable de la posible sanción de la ley y apuntó contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la Casa Rosada insistió ayer en la "demagogia" del gobierno anterior en la aplicación de la política de "materia energética y tarifaria que al final se demostró que era mentira". "Esa fue la política energética kirchnerista que, a nuestro entender, ha sido muy negativa", agregó.

La última esperanza está puesta en el voto de algunos legisladores provinciales que votarían en contra de la ley. Así ya lo expresó el salteño, Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador. "Aspiramos a que se pueda lograr algo en el marco de la racionalidad como tantas otras veces se ha conseguido con el propio Senado", expresó Peña. Las negociaciones con el peronismo quedaron en manos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su vice, Sebastián García de Luca. Las conversaciones estuvieron enfocadas en revertir alguna de las posiciones del bloque Argentina Federal, que lidera el senador Miguel Pichetto.

El veto es una decisión tomada para el Gobierno. No hay marcha atrás más allá del costo político que genere esta decisión. Macri argumentó a sus ministros el elevado costo fiscal que generará la aprobación del proyecto del massismo y kirchnerismo. Según los números de la Casa Rosada, el proyecto opositor tendría un costo de 170 mil millones de pesos en dos años (80.000 millones en 2018 y 70.000 millones 2019). En tanto, la iniciativa que apoyó el oficialismo de rebajar el IVA a la mitad implicaría un costo fiscal de 15 mil millones de pesos.