Mediante un comunicado difundido ayer, el Partido de los Trabajadores ( PT) de Brasil expresó "su integral solidaridad y apoyo a la ex presidenta Cristina de Kirchner" quien "viene sufriendo constante persecución mediática y jurídica en la Argentina" y la que además, se vio envuelta "en varias acusaciones infundadas, así como en las absurdas requisas de sus residencias en Santa Cruz y Buenos Aires".

El PT dijo conocer bien "ese expediente de politización de la justicia que desencadenó el golpe en Brasil en 2016" el que a su vez estuvo "sostenido por sectores de la elite agraria, económica y financiera, así como por los medios, sectores del parlamento, del poder judicial y de las fuerzas de seguridad", buscando equiparar de esa manera a la ex presidenta con lo ocurrido al ex presidente y posible precandidato a la primera magistratura, Luis Inácio "Lula" Da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva.

En el documento fechado ayer y el cual lleva la firma de Mónica Valente, Secretaria de Relaciones Internacionales, el PT se mostró hermanado "con nuestros compañeros y compañeras de Argentina, particularmente los de Unidad Ciudadana", en la defensa de los "avances políticos y económicos que juntos conquistaron y que hoy están siendo destruidos.

Por estás horas Cristina atraviesa un complejo panorama judicial a raíz de la acumulación de causas, entre ellas la del Dólar futuro que ya fuera elevada a juicio oral por el juez federal Claudio Bonadio y en la que se la investigó por el presunto delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública a causa de irregularidades cometidas en 2015 en la venta de divisa norteamericana a valores más bajos que los del mercado.

La ex mandataria también está procesada y con prisión preventiva en suspenso debido a sus fueros parlamentarios en el expediente por el Memorándum con Irán ante el presunto encubrimiento de ciudadanos de ese país en el atentado a la sede de la AMIA.

En la causa Hotesur, está involucrada por el presunto lavado de dinero en el marco de la actividad hotelera, en la causa Los Sauces se la investiga por presunto "enriquecimiento ilícito", entre otros ítems, mientras que en la de la Obra Publica, está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de favorecer ilegalmente al empresario Lázaro Báez.

El último fin de semana y luego de que el Senado aprobara los allanamientos a los domicilios que la ex jefa de Estado posee en Río Gallegos y El Calafate en la provincia de Santa Cruz y en el barrio de Recoleta, Bonadio avanzo con la requisa, tras lo cual el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, denunció que en el domicilio porteño se constató la existencia de sustancias tóxicas.