Las trabas en las negociaciones por la aprobación de la Ley Bases en el Senado desencadenaron en que el Gobierno finalmente contemple la idea de que el Pacto de Mayo con los gobernadores se atrase: depende lisa y llanamente de que los senadores aprueben el proyecto, aunque sea en la votación en general. Con la esperanza de dictaminar el jueves, y sesionar dos días antes del 25, todavía no confirman la suspensión del pacto y apuestan todas las fichas a conseguir las firmas al ceder con los reclamos de "dialoguistas".

La semana pasada el oficialismo se resignó a que la fecha límite que se impusieron para la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal no iba a poder prosperar debido a que el Senado se mostró escéptico del proyecto que tuvo luz verde en Diputados. El hecho de que iba a regresar a la Cámara baja con modificaciones comenzó a ser el mejor escenario, pero el cronograma se terminó de alterar por completo cuando no reunieron las firmas para dictaminar ni con disidencias.

Todavía sigue el porotoeo: el vicejefe de Gabinete José Rolandi se reunió el lunes por la noche con los radicales, quienes además se reunieron este martes a la mañana, antes de continuar el plenario de comisiones. Trascendió una versión de que después hubo otra reunión con Rolandi, pero algunos radicales lo desmintieron. Lo cierto es que el oficialismo, según le dijeron a BAE Negocios fuentes oficiales, instó a que los bloques les entreguen hoy un pedido especificando qué cambios quieren incorporar en el proyecto.

"Desde el bloque no tenemos pensado proponer cambios", dijeron de la bancada que conduce Luis Juez, principal crítico de los obstáculos que impusieron los radicales. "Ya no es que hay palos en la rueda, no hay rueda", se quejó al salir de la reunión de comisión este martes. Pero dentro de su bloque está Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta, que participó codo a codo con Martín Lousteau (UCR) en los reclamos por Bases.

Su pedido tendría que ser a título individual, ya que del PRO no van a hacerse cargo. El oficialismo quiere ordenar cuáles son, puntualmente, las propuestas de los dialoguistas para aceptar los que les parezca "razonables". Fue recién esta semana que empezaron a considerar sentarse a redactar, nuevamente, otra versión del proyecto.

El problema hasta ahora parece ser la falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, puesto que el Gobierno pretendía que el dictamen y la sanción se den en un tratamiento express y no prestaron figuras negociadoras: Victoria Villarruel, presidenta del Senado, quedó entre la espada y la pared con la expectativa de que se apruebe sin mayores modificaciones.

"¿Qué oficialismo?", respondieron allegados al entorno de la vice, al ser consultados por este diario sobre el margen de flexibilidad que estaban dispuestos a tener. El distanciamiento en cuanto a cómo abordar la estrategia negociadora no se limita solamente al Congreso: quedó, además, en evidencia entre el propio ministro Guillermo Francos, el vocero Manuel Adorni y el presidente Javier Milei que, casi al mismo tiempo, marearon a la prensa con versiones distintas sobre la suspensión del Pacto de Mayo.

Una alta fuente de la mesa chica del presidente confirmó que dependerá de si el Senado aprueba la Ley Bases: por ende, depende de si dictaminan este jueves, ya que es el tiempo límite que permite el reglamento del Senado. Con 7 días de diferencia obligatorios entre el dictamen y la sesión, solo así podrían sesionar el 23 de mayo.

Si bien todavía no hay definiciones, anticiparon a este medio fuentes de La Libertad Avanza que, en principio, el piso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias se subirá y reincorporarán un régimen especial para los petroleros patagónicos. Sin ellos, la votación en particular no pasa.

Por una resolución que sacó el exministro de Economía Sergio Massa, los trabajadores de la zona patagónica tienen un aumento del 22% en sus deducciones personales. Con la Ley Bases, todos pasarían a regir por el mismo piso: la idea de los patagónicos es que se siga contemplando un diferencial, pero todavía no se ponen de acuerdo de cuánto: "Ayer se pudrió todo con los patagónicos", deslizó un senador radical. 

En cuanto al apartado sobre Blanqueo de Capitales, darán lugar al reclamo de Lousteau para especificar que los hermanos de funcionarios no puedan declarar. No así sus pedidos sobre el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), el título prioritario para los gobernadores y el más debatido durante las reuniones de comisión del Senado que se llevaron a cabo estas últimas semanas.

De las múltiples quejas que surgieron en torno al régimen que otorgaría beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares, para el Gobierno es central lo que expresó la Unión Industrial Argentina (UIA). Su titular, Daniel Funes de Rioja, respaldó el proyecto, pero propuso un RIGI para Pymes y medianas empresas -que implicaría un régimen especial para la industria nacional- para igualar las condiciones de la competencia.

"El Gobierno está dispuesto a escuchar y llegar a un consenso para dictaminar", reconoció los dialoguistas este martes, optimistas en poder lograr un acuerdo e imponer sus reclamos. Queda por ver hasta dónde podrán llegar: seguramente otros temas, como eliminar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Nacional de las empresas a privatizar -propuesta de Pablo Blanco de la UCR-, así como también la delegación de facultades que algunos se niegan a aprobar, quedarán para defender con mayorías en el recinto. Pero la idea es evitar que el grueso de los cuestionamientos se den ahí y terminen mutilando la ley, como sucedió en su primer tratamiento en Diputados.