En medio de cruces entre el oficialismo y la oposición en torno al proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo nacional que establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos para definir las acciones de mitigación del coronavirus en el país, la Cámara de Senadores se apresta a debatir mañana la iniciativa en un plenario de comisiones con la intención de enviarlo al recinto para su tratamiento la semana próxima.

El proyecto que el Gobierno espera se convierta en ley antes del 22 de mayo próximo, día en que caduca el alcance del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, comenzará a ser tratado mediante videoconferencia a partir de las 10, en las Comisiones de  de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta.

La iniciativa tiene como finalidad "proteger la salud pública" y "establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país", y reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia.

Pero además, hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción deberá ser consensuada con autoridades provinciales. 

En denominado “proyecto de restricciones”, despertó cuestionamientos desde la oposición enrolada en Juntos por el Cambio ante lo que consideran una delegación de superpoderes a favor del presidente Alberto Fernández, al tiempo que lo consideran una medida inconstitucional que va en contra de la educación.

En esa dirección, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile consideró hoy que la iniciativa "aún" siendo aprobado "por unanimidad puede ser declarada inconstitucional", al referirse al reciente fallo de la Corte Suprema a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de las autonomías provinciales.

Desde ese mismo espacio, en las últimas horas el legislador Mario Negri adelantó que no van a "votar superpoderes para el presidente" y agregó que Fernández "desde que asumió, gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro DNU” y “los resultados están a la vista: pésima gestión de la pandemia y de la economía. La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional", advirtió.

Frente a la andanada de cuestionamientos,  la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, salió a defender el proyecto al considerar que "es equilibrado y cuidadoso" y rechazó que se trate de atribuirle "superpoderes" al Ejecutivo.

"Estamos proponiendo un proyecto de ley marco para que cada departamento o partido tenga las flexibilidades posibles para poder responder frente a situaciones que son muy dinámicas", dijo Ibarra en declaraciones a radio La Red. 

También desde Chaco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le respondió a Juntos por el Cambio por su rechazo al proyecto oficial y sostuvo que "si ellos tienen que cumplir con algún mandato desde Miami, es un problema que lo tendrán que resolver con su conciencia y con el pueblo argentino".

En tanto que el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, afirmó que el proyecto "no otorga ninguna clase de superpoderes" al Ejecutivo sino que incluso implica una "delegación legislativa", a la vez que "cumple con las exigencias argumentales" establecidas por la Corte Suprema sobre la autonomía de los distritos. 

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