El debate del proyecto de ley sobre la reforma del Ministerio Público fiscal y la Defensoría General de la Nación, confeccionado sobre la base de un acuerdo entre Cambiemos y el PJ, comenzará mañana en el Senado de la Nación.

Así ocurrirá en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el senador del PJ por Entre Ríos, Pedro Guastavino, convocada para las 13 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

 El viernes pasado, Cambiemos y el Frente para Victoria entregaron en mesa de entradas del Senado un proyecto de ley en conjunto para introducir modificaciones al funcionamiento y los alcances del Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación.

La iniciativa lleva las firmas del presidente provisional del Senado, el senador por Cambiemos, Federico Pinedo, de su compañero de bloque, Angel Rozas, y de los peronistas, Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey y del propio Guastavino, en una demostración de que el proyecto no tendrá mayores obstáculos para su aprobación en la Cámara alta.

El objetivo es dictaminar pronto y llevar la iniciativa al recinto en la próxima sesión del 15 de noviembre, informaron a Télam fuentes del interbloque de Cambiemos. Tras ese paso, el oficialismo aspira a llevar la iniciativa a Diputados para su debate y posterior sanción antes de que finalice el año, de manera tal que el procurador o la procuradora que asuma en reemplazo de la renunciante Alejandra Gils Carbó, asuma su cargo con una nuevo marco normativo para el organismo. 

La iniciativa presentada por Pinedo, Pichetto, Rozas y Urtubey elimina la duración vitalicia, tanto del Procurador como del Defensor General de la Nación que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de la Nación de 75 años.

El límite temporal para ejercer ambos cargos será de cinco años, con la posibilidad de una reelección por única vez para continuar por dos años más. La designación de ambos funcionarios se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, o sea 37 votos.

Para su remoción, establece el proyecto que comenzará a ser analizado mañana, se necesitará el voto de la mayoría absoluta de los senadores y de la mayoría de los presentes, en el caso de la Cámara de Diputados. Frente a una iniciativa de remoción, el procurador queda suspendido inmediatamente en sus funciones.

Sin embargo, el Senado debe decidir su situación en un plazo de 180 días. Si no lo hiciera en ese lapso, el funcionario debe ser repuesto en su cargo.Si el pedido de remoción proviniera del Poder Ejecutivo, el plazo de resolución se achica a diez días.

En relación a los traslados de los fiscales y defensores, se establece un plazo mínimo de permanencia en el cargo para el que los fiscales y los defensores fueran designados, el que se fija en cinco años, añade el texto al que accedió Télam.

De esta forma, agrega, “se evitan abusos que desvirtúen el acuerdo otorgado por el Senado de la Nación para el ejercicio de la función en un ámbito territorial determinado; no obstante, y a fin de atender a circunstancias excepcionales, se evita un rigorismo excesivo que impida toda movilidad a los magistrados del Ministerio Público”.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación, destacaron que entre los puntos salientes de la reforma se cuenta el hecho de que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación “tendrá un mayor peso” y el Procurador General estará obligado a brindar un informe anual y obligatorio ante ese cuerpo, que a su vez tendrá la potestad, si así lo requiere, de citar al Procurador y la presentación de algún otro informe.