La denuncia que le realizó una ex empleada doméstica al ministro de Trabajo Jorge Triaca sigue esparciendo repercusiones en los ámbitos de poder. Léase políticos, incluyendo el capítulo legislativo y desde ya sindical. Para comenzar por el prime término, la licencia del funcionario ya estaba prevista antes del estallido del denominado "escándalo", pero se adelantó algunos días. En el Congreso la oposición siente que le dejaron una especia de "penal sin arquero" que se consolidó en parte en los dichos del jefe de la bancada del FPV Agustín Rossi quien aseveró que se citará a Triaca para que "brinde explicaciones" tras la la difusión del mensaje de audio en que insultó y despidió a una empleada que había tenido contratada en negro. Acto seguido de la denuncia de los abogados del ex titular del SOMU, Omar "Caballo" Suárez respecto de que Sandra Heredia percibía parte de sus haberes de esa organización sindical, hecho que de ser verificado en tribunales continuará sin final previsible.

Por otra parte en la órbita gremial, el termómetro lo elevan los dirigentes con buena llegada al titular de la cartera laboral que resumen en una frase/metáfora "a veces los que se quieren comer a los caníbales no cumplen su cometido". Al mismo tiempo que lamentan que la coyuntura presente del funcionario les limite la posibilidad de interlocución con lo que denominan "poder real".

La instancia que planteó Rossi es un nuevo revés en términos políticos ya que el Fpv consideró que la intervención del Gobierno en el SOMU se sostiene de manera "para nada transparente" y que está llena de irregularidades".

Incluso en la oposición consideran que este episodio se detonó al tiempo que el Ejecutivo buscaba acentuar su ofensiva "de disciplinar" al movimiento obrero.