La subsecretaria de Políticas de Diversidad del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda, está exultante. Hace sólo algunas horas, se publicó el DNU 721/20, que establece un cupo laboral trans. “Es un día muy especial, no sólo como funcionaria sino también para mi vida personal”, dice quien durante años fue presidenta de Mujeres Trans Argentina. Y afirma: “Con esta medida, además de lo simbólico, se genera un cambio material, económico, social e  institucional, que esperamos que ayude a romper con las lógicas de exclusión de nuestro país”.

—El cupo labotal trans es un reclamo histórico de ese colectivo, ¿cómo definiría la medida que acaba de tomar el Poder Ejecutivo?
—Es una medida histórica que aborda una de las mayores desigualdades en nuestro país. Una desigualdad estructural que se traduce en discriminación y violencia y en la expulsión que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas en los ámbitos familiares y de la educación y en la calle. Toda una estructura social que nos excluyó y nos marcó como único destino la prostitución. El acceso al empleo en la administración pública, como parte de una política pública, es el puntapié inicial para el reconocimiento de que nuestras condiciones de vida es una realidad inaceptable. Hasta no hace mucho, esta medida era absolutamente impensable y en eso se fueron muchos años de nuestras vidas. Tenemos capacidad laboral y sólo necesitábamos oportunidades.

—El decreto no sólo establece que al menos el 1% de los cargos de personal en el Estado nacional deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, sino que además insta a que reciban formación educativa y capacitación laboral…
—Tiene en cuenta nuestras condiciones de vida y busca romper con esa cadena de la exclusión. No sólo se trata de garantizar el acceso al empleo, sino también la terminalidad educativa y una formación en el empleo para poder cumplir con la Ley de Empleo Público. Tiene mucho en cuenta la integralidad de los derechos vinculados al empleo. Hay miles de personas trans que nunca tuvieron la oportunidad de tener un sueldo a fin de mes, vacaciones pagas, una obra social y aportes jubilatorios. Es un paso importante para tener una ley de cupo trans que involucre al resto de los poderes del Estado, el Legislativo y Judicial.

—¿A cuántas personas trans beneficiará?
—Todavía no está hecho el cálculo porque no sólo hay que hacer un relevamiento del personal que ya está ahora, sino de quiénes podrían ingresar en adelante.

—¿Cree que es una medida del tenor de la Ley de Identidad de Género?
Es fundamental contar con una Ley de Identidad de Género, pero también que el marco normativo se traduzca en oportunidades reales. Uno de los desafíos del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad era adoptar una agenda vinculada con las personas trans y eso se está haciendo. Por un lado, está el reconocimiento de los derechos y, por el otro, el abordaje de la desigualdad estructural. Se trata de que podamos vivir en sociedades democráticas de manera diversa con nuestros derechos reconocidos y con el ejercicio de nuestras ciudadanías. Hay una ciudadanía travesti trans, como lo planteó Lohana Berkins y lo militaron nuestras compañeras y hermanas.

—Si bien el decreto apunta a modificar la realidad laboral de las personas trans, ¿cree que incidirá también en otros órdenes de la vida cotidiana de ese colectivo?
—Hay una representación simbólica de nuestros cuerpos dentro de las instituciones y estoy segura que esto es el puntapié para generar todo un cambio social y cultural que haga poner en valor nuestros saberes, habilidades y capacidades laborales, traducido en puestos de trabajo. Es nuestra tarea, lograr que esos espacios sean libres de discriminación y violencia y tratar de que toda nuestra sociedad adopte situaciones muy parecidas, que tengan que ver con la inclusión, el acceso de las personas trans a un empleo. Nuestras instituciones y democracias se robustecen y se hacen más igualitarias en la medida que todas las personas podamos habitarlas.

—¿Considera que el avance en cuanto a los derechos del colectivo LGTB va acompañado de un cambio a nivel  social?
—Soy de una generación en las que no existía el derecho a la identidad, ni teníamos acceso a una posibilidad laboral. En ese registro, pasamos hambre y necesidades. Somos de una generación que teníamos marcada la esquina como destino de nuestras vidas y una vida muy corta porque si no te mataba la policía, te mataba la falta de políticas públicas, la violencia, la discriminación, los travesticidios. En estos años, nuestra sociedad creció y desarrolló en derechos fundamentales, como la unión civil, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género y la ley de cupo trans.

—¿Se podría decir que se cumplió con uno de los principales objetivos que tenía cuando llegó a la subsecretaría?
—En un contexto tan difícil como el de una pandemia y con las demandas de miles de compañeras y compañeros trans que pedían una respuesta y denunciaban violencia institucional y amenazas de desalojo, la ministeria de las Mujeres, Géneros y Diversidad y todo el Gobierno nacional, con una gran convicción, tuvieron entre sus prioridades abordar las situaciones de violencia y desigualdad.

—¿Qué políticas están llevando adelante para revertir las situaciones de violencia institucional que vive cotidianamente el colectivo trans?
—En el ministerio de Seguridad se ha creado un Consejo de Género y Diversidad, donde hay representantes de todas las fuerzas de seguridad, tanto nacional como provinciales. Esta semana invitaron al INADI y a nosotros para hablar de lo que implica la violencia institucional y la necesidad de que existan políticas de protección. En muchas provincias, la mirada es discrecional, dirigida hacia las personas trans, especialmente en la criminalización de la prostitución. Es fundamental que ese comportamiento sea modificado dentro de las fuerzas de seguridad porque se traduce en un trato discriminatorio y violento. No se respeta la identidad de género de las personas, se las trata en masculino, se las trata violentamente. Recibimos  denuncias de parte de organizaciones sociales que dan cuenta de que muchas pagan coimas por libertad y que cuando quedan detenidas las alojan en espacios de varones y viven situaciones de abuso por parte de la policía y de otras personas detenidas.

—¿Cuáles son las principales problemáticas que surgieron en medio de la pandemia?
—Si tenemos en cuenta que la esquina se fijó como un destino para la población trans, con la cuarentena, se generó una exclusión muy grande para las personas trans dentro lo que es la economía cotidina de subsistencia. Hay un efecto denominó que implica no poder tener ingresos y eso se traduce en demanda alimentaria y amenazas de desalojo. La pandemia nos puso en la cara la urgente necesidad de que existan políticas públicas que atiendan políticas alimentarias en perspectivas de género y diversidad. El programa Potenciar Trabajo, del ministerio de Desarrollo Social, ha incorporado a casi 5 mil personas trans a los programas sociales.

—¿Qué otros reclamos urgentes quedan por atender?
—Es muy importante abordar la situación de violencia de niñes y adolescentes trans, que todavía se encuentran muy violentades dentro de sus ámbitos familiares, escolares, dentro de los ámbitos públicos y privados, donde el criterio de patologización todavía imprime una fuerza con mucha violencia. No sólo violencia simbólica, sino también violencia física, que lleva a muches niñes y adolescentes trans a situaciones de autolesión porque no ven horizontes. Eso nos preocupa un montón y ya estamos trabajándolo. El otro tema está vinculado a las personas adultas mayores LGBT, que tienen que ver con proyectos de vida y condiciones muy determinadas por la sociedad y que crean escenarios de mucha exclusión.

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Gabriela Vulcano

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