El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la intervención judicial de la empresa Hotesur, perteneciente a la familia Kirchner, en la causa que los investiga por presuntas maniobras de lavado de activos a través de hoteles para blanquear supuestas coimas con la obra pública.

La decisión fue tomada por un período inicial de seis meses y la interventora será Raquel Moyano, con facultades de "información, administración y recaudación", según la resolución firmada por el magistrado.

Hotesur | Se investigan maniobras de lavado de activos para blanquear coimas con la obra pública

Además y en otra resolución, el juez decretó la inhibición general de bienes para ocho empresas del detenido empresario Lázaro Báez, entre ellas "Austral Construcciones" y "Kak y Costilla SA".

En esta causa fueron indagados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Báez, entre otros acusados.

La investigación gira en torno a contrataciones simuladas de plazas hoteleras por parte de la sociedad de la ex presidenta a empresarios beneficiados con la obra pública durante el gobierno kirchnerista como parte de un circuito de cobro de sobornos.

Hotesur es la causa penal en la que se embargaron 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el banco Galicia.

Además, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de todos los imputados.

También ya estaban designados veedores informantes para Hotesur SA y otras dos sociedades Valle Mitre SA e Idea SA.

Pero ahora el magistrado entendió que en lo referido a Hotesur "las circunstancias han variado" y por ello resolvió dictar una medida más restrictiva, la intervención judicial.

Ercolini remarcó que el 20 de diciembre pasado los accionistas aceptaron la renuncia de los directores titulares y suplentes y desde entonces el directorio se encuentra "acéfalo y vacante".