La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue procesada por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo como coautora del delito de "administración fraudulenta" y quedó así expuesta a un nuevo intento del Gobierno para forzar su salida del cargo.

El juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó en la causa que investiga la compra irregular del edificio donde funciona el Ministerio Público Fiscal, en la que se sospecha que hubo cobre de coimas, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.

El magistrado consideró a la procuradora general coautora del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", que implica una pena de dos a seis años, lo que renovará la campaña oficial para desplazarla del cargo.

Desde que asumió la Presidencia, Mauricio Macri siempre cuestionó públicamente a Gils Carbó acusándola de ser una operadora del kirchnerismo y pidió en varias ocasiones su renuncia, al tiempo que encomendó al ministro de Justicia, Germán Garavano, que buscara la forma de removerla.

El cargo de la procuradora general de la Nación es vitalicio y quien lo ocupa sólo puede ser removido a través de un juicio político, pero si bien Cambiemos tiene varios pedidos presentados en la Cámara de Diputados está imposibilitado de alcanzar la mayoría de dos tercios que se requiere para iniciar ese proceso.

Por esa razón, el oficialismo intentó aprobar una nueva ley del Ministerio Público Fiscal que acotaba el mandato de la procuradora a cinco años, pero la diputada Elisa Carrió, aliada de Cambiemos, la bloqueó debido a que la nueva norma otorgaba mayor poder en la designación de fiscales a una comisión bicameral que actualmente preside el massismo.

Fue esa comisión bicameral del Congreso la que mantuvo la presión sobre Gils Carbó durante este año, al debatir sobre la cuestionada compra del inmueble y hacer desfilar a los fiscales que cuestionan a la procuradora por realizar designaciones sin concurso.

Fue procesada por administración fraudulenta en la compra de un edificio

En los últimos días trascendió que la decisión de la procuradora de elegir como abogado defensor a León Arslanian tuvo que ver no sólo con su situación procesal, sino con la necesidad de contar con un operador político.

Arslanian es un dirigente que asesoró históricamente al PJ y mantiene aceitados contactos en el Congreso entre las diversas fuerzas políticas, lo que le permitiría operar una salida política a la situación de Gils Carbó.

En ese contexto, se especulaba con que un procesamiento podría llevar a la procuradora a renunciar para evitar el surgimiento de nuevos pedidos de juicio político y mayores presiones públicas por parte del Gobierno, que por esa misma razón esperaba a su vez una medida como la que adoptó Ercolini.