Cuando la vicepresidenta Gabriela Michetti invirtió la carga de la prueba y dijo el domingo que “el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad” pareció otra desacertada declaración -de una funcionaria que parece querer imitar las provocaciones de la diputada Elisa Carrió- hasta que ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzó sobre ese pensamiento y aseguró que Prefectura no debe probar nada y su versión es “de carácter de verdad”. La historia política de Argentina obliga al Estado a sobreactuar la protección de los derechos y garantías de las personas. Olvidar deliberadamente el pasado sólo se explica si la intención es revivirlo. Mientras tanto, debe ser la Justicia (que parece esquivar su responsabilidad) la que investigue y pruebe si existen acciones delictivas comunes o las considera de carácter terrorista. Por el camino de Michetti y Bullrich se justificó en el pasado el terrorismo de Estado. Nunca hubo dos demonios: hubo un Estado que violó derechos en lugar de combatir el terrorismo con la ley en la mano.
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