El Partido Justicialista y el bloque de senadores del Frente de Todos pidieron hoy a la Corte Suprema de Justicia que haga lugar al pedido de declaración de certeza que formuló la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, para dar "validez legal" a eventuales sesiones remotas del Congreso en medio de la pandemia de coronavirus.

En paralelo, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el pedido de la vicepresidenta en un dictamen que emitió hoy tras un requirimiento del máximo tribunal al considerar que no es competencia de la Corte Suprema dirimir esa cuestión de manera general.

En representación del jefe del bloque de senadores del FDT, José Mayans, y de la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti, y del PJ, los abogados Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau formularon esta mañana el pedido ante el máximo tribunal, con el objetivo de que "se despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos".

En el escrito, al que accedió Télam, los senadores y el Partido Justicialista que preside José Luis Gioja señalan la imposibilidad de sesionar de manera presencial en un contexto en que Argentina y el mundo "se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente el normal funcionamiento de las instituciones".

El pedido de una declaración de certeza formulado por la vicepresidenta el miércoles pasado motivó hoy el rechazo del procurador interino y, también, de la bancada de Juntos por el Cambio, que consideró que la cuestión podía resolverse "mediante un acuerdo político" en el propio Congreso.

En la presentación de hoy, el PJ y el bloque del oficialismo consideraron que "es indudable" la existencia de "una situación de extrema gravedad institucional" y calificaron como "imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar".

En el mismo escrito, aclararon, no obstante, que "no resulta posible" sesionar "de manera presencial" por los riesgos que implica en medio de la pandemia.

"Debemos encausar el debate parlamentario sin que ello implique que las decisiones que los legisladores pudiéramos tomar nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido", subrayaron.

Los senadores se sumaron al pedido de Cristina Kirchner, con el argumento de que "una hipotética sesión presencial implicaría el traslado de los legisladores a Buenos Aires, quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social obligatorio".

Añadieron también que "muchos senadores pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, advierten podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas".

"También se debe considerar que una eventual sesión presencial, implicaría el riesgo de que, luego de realizada la misma, los legisladores vuelvan a sus provincias transformados en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones", indicaron.

Mayans explicó, a modo de ejemplo, que representa a la provincia de Formosa, donde por el momento no hay casos de Covid-19 y que en caso de que participara en una sesión en la ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en "un riesgo para la salud pública local".

Por ese motivo, los senadores consideraron que "el acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, la plena participación y la transparencia de las votaciones" de los legisladores, "es el método por medio del cual se puede asegurar el funcionamiento del Senado en estos días".

El rechazo de Casal

Por su parte, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó hoy que no es “competencia originaria” de la Corte Suprema de Justicia entender en el pedido dar "validez legal" a eventuales sesiones remotas del Congreso que realizó Cristina Kirchner.

Aunque no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para los próximos días.

“En virtud de lo expuesto, dada la índole taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida, por persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el Tribunal en el precedente reiterado en 'Sojo', entre muchos otros, opino que la cuestión planteada, aún en el marco de un proceso judicial, resultaría ajena a la competencia originaria de la Corte”, señaló Casal en la sección resolutiva del dictamen de 17 páginas.

Según la mirada del jefe de los fiscales, una eventual declaración de certeza de la Corte representaría “indefectiblemente una intromisión en las atribuciones propias del Senado de la Nación de determinar, con sustento en la normativa aplicable, el modo en que puede sesionar en estas circunstancias extraordinarias que se presentan por la pandemia desatada”.

En su dictamen de hoy, el Procurador -que asumió el cargo en 2017 luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó- citó el artículo 117 que señala que la Corte Suprema "ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.

Casal entendió que el Senado de la Nación no está incluido en la competencia originaria de la Corte y que “no se dan las circunstancias” legales, como la vía de apelación, que habilitan a entender en un expediente al máximo tribunal, entonces por tanto no corresponde que los ministros de la Corte dictaminen.

En cuanto al argumento de Fernández de Kirchner de buscar evitar con la declaración de certeza “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”, Casal evaluó que el Poder Judicial debe “mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes”.