Luego de lograr que se apruebe el nuevo Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo impulsará el próximo año en la Legislatura porteña un proyecto para regular el financiamiento de los partidos políticos.

El bloque de Vamos Juntos buscará lograr consenso con el resto de los espacios, por lo que estudiará las iniciativas similares que presentó la oposición en otras ocasiones.

El tema ya está en tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Diego Marías, pero avanzará a partir de enero del 2019, precisaron fuentes parlamentarias a NA.

El objetivo del oficialismo es conseguir que se permitan los aportes de las empresas durante las campañas, algo que ya intentó incorporar en el Código Electoral.

El rechazo del kirchnerismo y del Frente de Izquierda y los Trabajadores obligó a modificar el texto original y se eliminó por completo ese artículo. Unidad Ciudadana incluso propuso que todo el financiamiento de los partidos provenga del Estado: actualmente también es legal recibir donaciones de parte de personas físicas.

La idea del oficialismo es comenzar a trabajar sobre el borrador durante el receso de verano y presentar un proyecto final a mediados de marzo del año que viene.

La iniciativa incluirá también la creación de un registro de proveedores, la bancarización de aportes de empresas, personas físicas, monotributistas, límites a la publicidad tradicional en vía pública, como así también acceso a información, además de las competencias y responsabilidades de los apoderados de los partidos, entre otros.

La medida surge en paralelo a las intenciones de Cambiemos a nivel nacional, que también presiona para que el Congreso trate en sesiones extraordinarias el financiamiento de los espacios políticos.

El Gobierno presentó un proyecto que, al igual que el que circula en la Legislatura, plantea la posibilidad de que las empresas hagan aportes de campaña.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, insistió en que "hay que reformar la ley de financiamiento electoral" y consideró como una "hipocresía" prohibir los aportes de las empresas a las campañas que realizan los partidos políticos.